La denuncia que, si es aceptada, puede llevar a Bolsonaro ante los tribunales internacionales de la ONU acusa al presidente de los siguientes delitos: invasiones y ataques de mafias agrícolas a las tierras indígenas, deforestación, quema de pastizales y destrucción del ambiente, minería ilegal y apoyo a mafias de la minería ilegal en tierras indígenas y propagación de la pandemia de Covid-19 en las tierras indígenas.
Se trata en realidad de la tercera denuncia presentada ante la CPI contra Bolsonaro, pero por primera vez su autoría es de abogados indígenas, reunidos por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que representan a casi 1.000.000 de personas de los pueblos originarios.
Desde que asumió, Bolsonaro busca cambiar una ley para permitir la minería industrial dentro de las reservas indígenas, cuya creación considera un error porque, según afirma, obstaculiza” el desarrollo económico. Después de la redemocratización, sin dudas es el peor presidente para los pueblos indígenas”, dijo Dinaman Tuxá, director de APIB.