La decisión se debe a la escalada represiva ejecutada por el régimen sandinista, que liquidó cualquier viso de competitividad y transparencia de las elecciones generales previstas para noviembre próximo, luego del encarcelamiento de 32 líderes opositores, entre ellos siete precandidatos presidenciales. Son intromisorios, injerencistas, irrespetuosos e intervencionistas de nuestros asuntos internos”, dijo la vicepresidenta Rosario Murillo al justificar la medida.
Sin embargo, la estrategia del régimen duró poco, pues ayer mismo recibió otra dura amonestación de parte de España, que llamó a consultas a su embajadora en Nicaragua por las graves e infundadas acusaciones” vertidas en la víspera por Managua.
El jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, llamó a consultas a la embajadora de España en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras la nota emitida ayer por el gobierno nicaragüense en el que se vertían graves e infundadas acusaciones contra España y sus instituciones”, afirmó el ministerio de Exteriores.
La cancillería española denunció además el recrudecimiento de la represión por parte del gobierno” de Ortega contra actores políticos y sociales de la oposición, así como contra medios de comunicación independientes”. Como en los casos citados, la cancillería nicaragüense había denunciado injerencias de España en sus asuntos recordando que hace siglos que dejó de ser Colonia”.