La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia dejando desprevenidos a los ciudadanos y ciudadanas”, concluyó el grupo de expertos de la CIDH al presentar su informe final sobre las masacres de Senkata y Sacaba, durante el gobierno de facto de Jeannine Áñez.
Al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas”, afirmó la representante del Giei, Patricia Tappatá, quien precisó que lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado, por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la CIDH”.