El Gobierno peruano puso ayer en marcha algunas medidas para erosionar la llegada de manifestantes a la llamada “toma de Lima”, que se prevé para hoy y mañana, y a la que se espera que acudan miles de manifestantes desde distintos puntos del país, sobre todo del sur. En tanto, al cierre de esta edición se mantenían cortes de rutas en 94 puntos de ocho regiones, la mecánica de protesta más sostenida desde que comenzaron los reclamos en las calles tras la salida del cargo del ex presidente Pedro Castillo, hace 40 días.
Luego de ser detenidos en Humay, a 200 kilómetros de Lima, los grupos que llegaron desde el sur empezaron a intalarse en la Capital en busca de darle mayor peso al reclamo de renuncia de Boluarte, cierre del Congreso y nuevo llamado a elecciones. Cabe mencionar que la crisis es también un reflejo de la enorme brecha entre la Capital y las provincias pobres, que apoyaron a Castillo y vieron en su elección una forma de venganza por el habitual desprecio recibido de Lima.
Boluarte, en tanto, declaró que quienes salen a las calles desde hace semanas a pedir una Asamblea Constituyente son “engañados” porque no depende de ella esa posibilidad y advirtió que ese reclamo es “un pretexto para seguir bloqueando rutas”. Además, agregó que “cuando el estado de derecho se sostiene en sus instituciones, mal o bien, pero democráticamente, tenemos que respetar esa institucionalidad y una de ellas es el Congreso”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no halló indicios en Perú de que los manifestantes que colman las calles del país desde la caída de Castillo respondan a “algún tipo de organización”, como afirmó el Gobierno de Boluarte.
“No encontramos algo que dijera que están respondiendo a algún tipo de organización, sino una manifestación auténtica de un descontento por el abandono que esa región (Puno) ha tenido históricamente”, dijo el jefe de la comitiva de la CIDH, Stuardo Ralón, a quien le tocó visitar Juliaca, la ciudad que más muertos acumula por represión estatal desde que asumió Boluarte.
Para Ralón, lo que hay en Juliaca es “una manifestación auténtica por el abandono” que vive la ciudad, a la que la clase política ofrece “muchas cosas” en épocas electorales pero “posteriormente no cumple”.
Castillo también declaró ayer ante la Justicia y defendió el pedido de anulación del proceso en su contra con el argumento de que durante el proceso de vacancia por parte del Congreso no se realizó el antejuicio político ni se le concedió derecho a la defensa. «¿Por qué me tengo que fugar del país?, ¿por qué tendría que salir del país?, ¿dónde están las pruebas que quiero salir? No he matado, no he robado y no he violado a nadie. Si tengo que rendir cuentas, en honor a la verdad, lo haré siempre aquí en mi país”, dijo Castillo.