La Convención Constitucional de Chile comenzó esta semana la discusión y la votación de las normas que regirán en el país en la nueva Constitución, abocada en primera instancia al reconocimiento de los pueblos originarios, la autonomía de las regiones y el enfoque de género en el quehacer judicial.
La Asamblea que redacta la nueva Constitución para el país sudamericano entró el pasado martes en una segunda etapa de trabajo, luego de su instalación en julio de 2021 con la misión de presentar una propuesta en un plazo máximo de 12 meses, ante la mirada atenta de miles de chilenos que esperan del texto mayor igualdad y justicia social.
«Estamos trabajando de manera muy profesional, contra el tiempo, con jornadas extenuantes y de manera honesta y transparente», señaló en conferencia de prensa con corresponsales extranjeros la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros.
Quinteros, quien encabeza al grupo paritario de 155 constitucionalistas electos por voto popular, afirmó que los esfuerzos del órgano están puestos en tener un borrador con fecha tope el 4 de julio, para luego someterlo a un plebiscito, en que se aprobará o rechazará el documento escrito.
«Vamos a dar una respuesta como Convención a las demandas de la sociedad. Nos estamos jugando un marco legal que dará vida a las normas que nos van a regular y de cómo vamos a convivir por los próximos 50 años», dijo Quinteros, quien es odontóloga de profesión, académica y representante de la región chilena de Maule (centro-sur).
En el pleno se evalúan las iniciativas emanadas de los propios constituyentes, en una semana calificada de «histórica» para Chile. También las propuestas levantadas desde la sociedad civil, en un proceso que contó con la participación virtual de cerca de un millón de personas, quienes dieron su apoyo mayoritario a 78 proyectos de normas populares.
A cuatro meses del cierre, los constitucionalistas acordaron incluir en la Constitución la plurinacionalidad, la interculturalidad, la paridad y la perspectiva de género en la función jurisdiccional, al igual que la independencia y la imparcialidad de los jueces.
La propuesta que establece un Estado regional también fue revisada y deja atrás la concepción actual de Estado unitario, según Constituciones anteriores, lo que permite crear regiones y comunas autónomas, además de autonomías territoriales indígenas con políticas públicas diferenciadas y competencias adecuadas a sus necesidades.
Para el politólogo Nicolás Freire, las normas aprobadas hasta ahora implican «cambios importantes» y un «paso adelante» para Chile, en cuanto al «reconocimiento de la diversidad cultural y la incorporación de una visión más pluralista y plurinacional, atenta a los pueblos originarios a la hora de impartir justicia».
El académico de la Universidad de Santiago de Chile sostuvo que las normas aprobadas también ponen sobre la mesa otros principios «que no hemos atendido en esta parte del mundo, como la autodeterminación de los pueblos y la posibilidad de que puedan hacer gobierno más allá del reconocimiento de sus identidades, con capacidad de hacer política».
A su vez, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, detalló que las normas aprobadas «quedarán almacenadas para ordenarlas en un texto que seguirá su camino hacia una comisión que revisará minuciosamente la calidad técnica y coherencia».
La minuta se dirigirá luego al pleno en una tercera instancia de deliberación como dicta el reglamento establecido por la misma Convención Constitucional.
Durante las siguientes semanas se discutirán temas relevantes para el país como el modelo económico, el sistema de protección social, la conservación del medio ambiente y la distribución de recursos naturales como agua, en medio de una creciente sequía, entre otros asuntos.
El paso a una nueva Constitución surgió como parte de un acuerdo político para dar salida a la revuelta de 2019 con protestas masivas en contra de la desigualdad, el encarecimiento de la vida y el modelo económico neoliberal heredado de la dictadura chilena (1973-1990).
El movimiento social confluyó en un proceso para modificar el texto constitucional, sellado en un plebiscito el 25 de octubre de 2020, el cual obtuvo una votación histórica del 51 por ciento de adhesión y más de 7,5 millones de sufragios emitidos, en plena pandemia del nuevo coronavirus.