Ocho años después del asesinato de la concejala y activista social Marielle Franco, convertida en símbolo de la causa negra y LGTBI+ en Brasil, la Corte Suprema juzga a políticos y ex jefes policiales acusados de haber ordenado el crimen.
El fiscal general adjunto Hindemburgo Chateaubriand solicitó este martes la condena de los cinco acusados de planificar el homicidio, ocurrido el 14 de marzo de 2018. El juicio comenzó en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF).
Los imputados son Domingos Brazão, miembro del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro; su hermano, el exdiputado federal Chiquinho Brazão; el ex jefe de la Policía Civil de Río, Rivaldo Barbosa; el mayor de la Policía Militar Ronald Alves de Paula; y el ex policía militar Robson Calixto, asesor de Domingos. Todos permanecen en prisión preventiva.
Según la Procuraduría General de la República (PGR), los acusados conformaron una organización criminal armada que, con apoyo de milicias, actuó con división de tareas para obtener ventajas económicas mediante delitos graves. De acuerdo con el ex policía Ronnie Lessa —quien confesó haber disparado contra Franco y su chofer—, los hermanos Brazão y Barbosa fueron los autores intelectuales.
La acusación sostiene que Barbosa participó en la planificación; Ronald Alves supervisó la rutina de la concejala y transmitió información; y Calixto entregó el arma utilizada en el ataque.
El tribunal, integrado por cuatro magistrados, programó dos días de audiencias en Brasilia para dictar sentencia en un caso que generó fuerte conmoción nacional e internacional.
Franco, de 38 años, fue acribillada cuando viajaba por el centro de Río junto a su chofer Anderson Gomes, quien también murió en el acto. El tirador y un cómplice ya fueron condenados en 2024.
Según la Fiscalía, la concejala se oponía a proyectos impulsados por los hermanos Brazão para legalizar la apropiación de tierras por milicias que controlan amplias zonas de la ciudad. Proveniente de una favela, defendía los derechos de jóvenes negros, mujeres y personas LGTBI+.
Anielle Franco, hermana de la edil asesinada y ministra de Igualdad Racial del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, asiste al juicio.
“Hay que investigar y castigar. No es admisible que una concejala sea asesinada”, afirmó.