El Tribunal Supremo de Perú sentenció el martes por la noche que la protesta social es un delito, ya que no está reconocida en la Constitución ni en ninguna otra normativa legal, en medio de un contexto de movilizaciones antigubernamentales iniciadas tras la destitución del ex presidente Pedro Castillo en diciembre del año pasado.
La sentencia del máximo tribunal afirma que la única protesta legítima en el país es la huelga de hambre, mientras que para un trabajador se consideran también válidas las medidas de fuerza laborales.
Cualquier otro tipo de manifestación, aunque sea pacífica, “que afecte derechos de terceros o el sistema económico, degrada y deslegitima irremediablemente la protesta y se convierte en un delito”, indica el fallo.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú rechazó categóricamente el fallo, y afirmó en un comunicado que “viola los estándares internacionales de protección del Derecho a la protesta al equiparar bloqueo de carreteras con violencia”.