La decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar un dictamen climático clave que durante años sustentó las regulaciones sobre emisiones de gases de efecto invernadero generó una ola de críticas y anticipa una batalla judicial de alcance nacional.
La medida impulsada por la administración de Donald Trump elimina la denominada Resolución de Peligro de Gases de Efecto Invernadero de 2009, un fallo que establecía que el dióxido de carbono, el metano y otros gases contaminantes representan una amenaza para la salud pública y el bienestar social.
Este dictamen había servido como base legal para establecer normas de emisión en vehículos, promover el desarrollo de tecnologías más limpias, como los autos eléctricos, y exigir reportes ambientales a empresas del sector energético.
Argumentos oficiales y críticas
Desde el Gobierno, la decisión fue defendida como una medida destinada a aliviar costos para la industria automotriz y los consumidores. Según la postura oficial, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos considera que la legislación vigente no le otorga autoridad para fijar estándares sobre emisiones de gases de efecto invernadero en el sector automotor.
Sin embargo, la resolución provocó un amplio rechazo de científicos, organizaciones ambientalistas y referentes políticos. El exmandatario Barack Obama, cuya gestión impulsó el dictamen original, advirtió que la derogación debilita la capacidad del país para enfrentar el cambio climático y podría beneficiar principalmente a la industria de combustibles fósiles.
Especialistas en salud y clima señalaron que la medida contradice décadas de evidencia científica y podría tener consecuencias directas en la salud pública, al favorecer el aumento de la contaminación y el impacto de fenómenos climáticos extremos.
Impacto global y escenario judicial
La decisión se produce en un contexto internacional marcado por récords de temperatura global y tras la salida formal de Estados Unidos del Acuerdo de París, lo que refuerza la preocupación sobre el rumbo de la política ambiental del país.
Organizaciones como Sierra Club, el Fondo de Defensa Ambiental y entidades médicas anunciaron acciones judiciales para frenar la medida, al considerar que su eliminación incrementará la contaminación y agravará los riesgos sanitarios.
El futuro de la normativa podría definirse en la Corte Suprema de Estados Unidos, que en 2007 ya había determinado que los gases de efecto invernadero pueden ser regulados como contaminantes bajo la Ley de Aire Limpio.
Mientras crece la controversia, la derogación reabre el debate sobre el rol del Estado en la regulación ambiental y el impacto de las políticas climáticas en la salud, la economía y el futuro del planeta.
Postergan la aprobación de la ley de amnistía en segunda lectura