Ecuador ingresaba este lunes en el decimoquinto día del paro nacional indefinido, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, decretado por el Gobierno el 12 de septiembre pasado.
Tras 14 días de protestas, el país sudamericano registra bloqueos de carreteras en cinco provincias, en su mayoría de la sierra, así como movilizaciones callejeras protagonizadas por comuneros indígenas y grupos sociales.
A lo anterior se suma la amenaza del presidente de la Conaie, Marlon Vargas, quien advirtió el sábado que podrían radicalizar las protestas e incluso tomar la capital, Quito, si no se atienden sus demandas.
“Si el Gobierno no hace caso, vamos a estar convencidos de tomarnos Quito (…) ya no podemos seguir aguantando”, declaró Vargas en una reunión en el municipio Alausí, provincia de Chimborazo.
Los indígenas ecuatorianos exigen la reducción del IVA del 15 % al 12 % y la derogación del Decreto 126, con el que el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel, elevando el precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón.
En respuesta, el presidente Noboa decretó la noche del sábado un “estado de excepción” por “grave conmoción interna” en 10 provincias, ante la radicalización de las protestas, que según el Gobierno se han tornado violentas.
Noboa también ordenó la suspensión total de la libertad de reunión, prohibiendo concentraciones en espacios públicos que afecten servicios esenciales o la seguridad. Además, movilizó a todas las entidades de la Función Ejecutiva, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y prevenir hechos de violencia.
Las acciones buscan proteger la vida e integridad física de la ciudadanía, así como garantizar la libre circulación y el desarrollo económico.
Según el Gobierno, las protestas han incluido agresiones y secuestros a miembros de la fuerza pública, atentados a bienes públicos y privados, y retención de vehículos de carga pesada.
También se reportó una paralización de servicios públicos, afectando el normal desarrollo de actividades económicas.
Hasta el momento, al menos 102 personas fueron detenidas y la Fiscalía investiga a 83 por delitos de terrorismo, asociación ilícita, enriquecimiento privado no justificado y ataque o resistencia, según fuentes oficiales.
Las manifestaciones dejaron además un comunero indígena fallecido, y 17 militares y dos policías retenidos, que fueron liberados esta semana, en medio de la escalada de tensión social.