La administración del presidente Donald Trump dispuso la suspensión de todas las solicitudes de inmigración —incluidas residencias permanentes y ciudadanías— presentadas por personas provenientes de 19 países sujetos a restricciones de viaje, una medida adoptada a raíz de un reciente tiroteo en Washington D.C. en el que resultaron heridos dos miembros de la Guardia Nacional, uno de ellos de forma mortal.
Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el presunto agresor, un ciudadano afgano que anteriormente colaboró con un grupo antiterrorista de la CIA, fue citado como detonante de la decisión, de acuerdo con información difundida por The Washington Post.
Los países incluidos en esta suspensión son: Afganistán, Myanmar (Birmania), Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
La medida se basa en una proclamación presidencial de junio, que ya imponía restricciones parciales o totales de entrada para ciudadanos de estas naciones.
El DHS aclaró que la pausa aplica tanto a personas nacidas en estos países como a quienes posean su ciudadanía, y que todos los solicitantes deberán atravesar un proceso de revisión exhaustivo, que podría incluir entrevistas adicionales y evaluaciones de seguridad más estrictas.
Además, se deja abierta la posibilidad de aplicar otras causales de “inadmisibilidad o inelegibilidad”, prerrogativa contemplada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad y que, según el abogado especializado Todd Pomerleau, “permite al presidente rechazar solicitantes por motivos poco claros”.
De acuerdo con medios estadounidenses, una instrucción interna del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ordenó “detener la adjudicación final de todos los casos” relacionados con ciudadanos de los 19 países afectados, mientras el Gobierno elabora lineamientos adicionales. CBS News indicó que se trata de una medida provisoria, sujeta a ampliaciones.
The New York Times destacó que la lista está compuesta por algunos de los países más pobres e inestables del mundo.
En junio, el Gobierno había restringido totalmente la entrada de ciudadanos de 12 países considerados de “riesgo muy alto” (entre ellos Afganistán, Irán, Somalia y Yemen); y limitado parcialmente la entrada de ciudadanos de otros siete países catalogados también como de alto riesgo (como Cuba, Venezuela y Laos).
Pomerleau advirtió que la medida “seguramente será impugnada ante los tribunales”, señalando que permite seleccionar a personas por nacionalidad, lugar de nacimiento o creencias religiosas. También comparó esta política con los programas de vigilancia intensificada aplicados tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.
La decisión surgió después de que Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, propusieran endurecer la política migratoria tras el tiroteo en Washington D.C. Noem incluso recomendó instaurar una “prohibición total de viaje” para países cuyos ciudadanos han cometido delitos en EE.UU., aunque no presentó evidencia que respalde sus afirmaciones sobre supuestos fallos de control bajo la administración de Joe Biden.
Noem también anunció la aplicación de controles más estrictos, incluyendo: revisión de cuentas en redes sociales, verificación biométrica, chequeos de antecedentes penales en el país de origen y obligaciones de “check-in” anual ante autoridades migratorias. Argumentó que el ataque cometido por el ciudadano afgano justifica este refuerzo de medidas.
Especialistas como Sameer Ashar, profesor de derecho en la Universidad de California en Irvine, recordaron que los solicitantes ya pasan por un proceso “muy exhaustivo” y que el DHS cuenta con herramientas suficientes para evaluar antecedentes y verificar el cumplimiento de requisitos legales.
Por su parte, Raquel Aldana, profesora de la Universidad de California en Davis, advirtió que los nuevos controles son “nebulosos y poco definidos”, y subrayó que el Congreso ya contempla una extensa lista de causas de inadmisión. La administración Trump, afirmó, está ampliando aún más las razones para rechazar solicitudes migratorias.