Transportistas, sindicatos y organizaciones sociales de Bolivia anunciaron movilizaciones contra el alza del precio de los combustibles, luego de que el Gobierno pusiera fin a la subvención al diésel, una medida que ya repercute en las tarifas del transporte y en los precios de distintos productos.
La decisión, anunciada por el presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, durante la medianoche del viernes mediante el Decreto Supremo 5716, puso fin al esquema subsidiado y estableció un nuevo precio de referencia para el diésel.
Según el Gobierno, la medida forma parte de un programa destinado a enfrentar la crisis económica, reducir el peso fiscal de los combustibles y mejorar el abastecimiento, después de varios meses de escasez.
La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó la decisión, que distintos sectores comenzaron a denominar “dieselazo”, y convocó a un ampliado nacional de emergencia para definir posibles medidas de protesta.
La central sindical sostuvo que el aumento representa un golpe a la economía de las familias trabajadoras y advirtió sobre un posible proceso inflacionario que impactaría en el costo de la canasta básica. En ese marco, convocó a sus organizaciones afiliadas para analizar la situación y definir “las medidas de lucha que correspondan”.
Por su parte, los conductores y operadores de transporte se reunirán este martes en Santa Cruz para definir acciones contra el decreto. El dirigente de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, confirmó que el sector analizará posibles medidas de presión.
“Estamos declarados en emergencia, pero el día de mañana se tomarán las decisiones claras, cuál va a ser el accionar y el camino del transporte boliviano”, señaló Gómez en conferencia de prensa.
El transporte fue uno de los primeros sectores en sentir el impacto de la medida, debido a que el aumento del combustible elevó los costos de operación de camiones y autobuses, con posibles repercusiones sobre los pasajes y los fletes.
La Defensoría del Pueblo advirtió que el efecto puede extenderse al conjunto de la economía, principalmente por el aumento del costo del transporte y su eventual traslado a los precios de los mercados.
El diésel es fundamental para el transporte de mercancías, la producción agropecuaria y numerosas actividades económicas, por lo que su encarecimiento puede repercutir en el abastecimiento y en el costo de alimentos y otros bienes de primera necesidad.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación por los impactos sociales y económicos que puede provocar esta medida”, afirmó el defensor del pueblo, Pedro Callisaya, quien sostuvo que cualquier política pública debe contemplar la protección de los derechos a la alimentación, el trabajo, la salud y la educación.
En el ámbito político, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, organización vinculada al expresidente Evo Morales, también se declararon en emergencia y anunciaron nuevas estrategias de movilización contra el decreto, ampliando el frente de rechazo al ajuste.
Desde el Gobierno, en tanto, sostienen que el retiro de la subvención permitirá aliviar una de las mayores cargas del sistema energético y corregir las distorsiones generadas por la venta de un combustible por debajo de su costo de importación.
Para los sectores sindicales y sociales, en cambio, el costo del ajuste recae directamente sobre transportistas, productores, comerciantes y consumidores, debido al impacto que el incremento del diésel puede generar sobre toda la cadena de precios.