Hace meses que el gabinete del presidente peruano, Pedro Castillo, está en la mira de la Justicia a raíz de denuncias de corrupción. De hecho, Castillo realizó más de 70 nombramientos de funcionarios en un poco más de un año de gestión. A su vez, el Parlamento enfrenta un duro escenario con una masiva pérdida de confianza por parte de la ciudadanía.
En este contexto, el martes pasado la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el presidente Castillo. Lo acusó de cometer los delitos de tráfico de influencias y organización criminal al hacer entrega del millonario proyecto para la construcción del Puente Tarata III y en la compra de biodiésel por parte de la empresa estatal Petroperú.
Paralelamente a la divulgación pública de la denuncia, agentes fiscales allanaron las viviendas de seis legisladores y de una hermana de Castillo. También dictaron una orden de detención preliminar contra seis colaboradores suyos y la Policía reveló supuestas gestiones del mandatario para que un ex secretario suyo, Bruno Pacheco acusado de varios delitos y en prisión preventiva, obtuviera asilo en Venezuela.
La Fiscal Benavides manifestó: “En el Ministerio Público estamos convencidos de que la igualdad ante la ley demanda que todos respondan por sus actos como pieza clave de la administración de justicia. Nuestro país vive plagado de corrupción y es nuestro deber erradicarla”.
De acuerdo con la legislación vigente, la fiscal de la Nación solo puede investigar al presidente en ejercicio pero no acusarlo formalmente. El Congreso es el que tiene la facultad de sancionar una acusación constitucional, que puede derivar en el juicio político al mandatario y eventualmente en su suspensión, su destitución o incluso su inhabilitación para la función pública.
Por ende, el Congreso evaluará la denuncia y el futuro del mandatario, que ya tiene seis investigaciones de supuestos casos de corrupción. La denuncia también alcanza a Juan Silva y Geiner Alvarado, quienes integraron el gabinete de Castillo como ministros de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, respectivamente.
La investigación contra el mandatario surgió tras un informe de una televisora local en el que se lo señaló de estar detrás de una trama de corrupción para favorecer a compañías y consorcios de construcción en procesos de obras públicas.
Por ahora, no hay razones legales para que el mandatario pueda ser sacado del cargo. Para Castillo comenzó “una nueva modalidad de golpe de Estado” en el país. “Las acusaciones son orquestadas y planificadas. Seguiremos dando batalla”, dijo en conferencia de prensa. Según expertos del país vecino, la oposición en el Congreso tratará de encontrar la ruta para deshacerse de Castillo a partir de la denuncia.
Para el ex presidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume, la denuncia no debería conducir a una destitución o suspensión de Castillo, porque se basa en supuestos delitos que, según la Carta Magna, no califican para una acción de esas dimensiones.