La justicia venezolana giró orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia, candidato opositor a las elecciones presidenciales, o que desató una enérgica condena global y elevó la presión diplomática contra el gobierno de Nicolás Maduro. El Ministerio Público venezolano divulgó en sus redes sociales una copia de la solicitud a un tribunal con competencia en terrorismo de la “orden de aprehensión en contra del ciudadano Edmundo González Urrutia” por presuntos delitos relacionados con los comicios, que incluyen “desobediencia de leyes”, “conspiración”, “usurpación de funciones” y “sabotaje”.
El abanico de condenas a la última decisión de Maduro para sofocar la oposición política en Venezuela incluyó a Estados Unidos, nueve países de América Latina, entre ellos, la Argentina, altos funcionarios de la Unión Europea (UE), la Organización de los Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas y forzó incluso un tono más áspero por parte del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil. La Casa Blanca condenó la orden de arresto, advirtió que era “injustificada” y la calificó como otro ejemplo de los esfuerzos de Maduro para mantener el poder por la fuerza.
Nueve países latinoamericanos rechazaron la orden de arresto dictada por un tribunal de Venezuela contra González Urrutia, quien reivindica su triunfo en las elecciones presidenciales de julio: Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay señalaron en un comunicado su rechazo “de manera inequívoca y absoluta a la orden de arresto” contra el dirigente opositor.
El gobierno de Javier Milei emitió a través de la Cancillería un duro comunicado de rechazo a la orden de arresto al afirmar que en Venezuela existe un “marco de terrorismo de Estado”.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, también expresó su categórico rechazo y pidió al régimen de Maduro que respete “la libertad, la integridad y los derechos humanos” de González.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo en un comunicado que la persecución política “constituye un crimen más en la lógica jurídica permanente y continua de violación sistemática de los derechos humanos en el país”. Y la vocera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, afirmó que en Venezuela existe “una situación muy lamentable en la que se detiene a personas por ejercer su derecho a la participación política, a la libertad de expresión o a la libertad de reunión”.
Pero una de las reacciones más llamativas fue la del gobierno de Lula, que hasta ahora ha aportado cobertura política a las maniobras de Maduro para perpetrarse en el poder, al punto de llegar a sugerir que las elecciones se realicen nuevamente en medio de las evidencias de un megafraude chavista. Celso Amorim, el principal asesor diplomático de Lula, dijo que la orden de detención contra González era “muy preocupante”, y no se podía negar que hay una “escalada autoritaria” en Venezuela.