La familia del abogado argentino Germán Giuliani presentó este lunes un pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir su liberación del régimen chavista.
Además, denunciaron que permanece detenido en Venezuela en condiciones de incomunicación, con presuntas torturas y sin acceso a defensa ni asistencia consular, lo que agrava su situación.
Según informó Infobae, la presentación fue realizada por su esposa, María Virginia Rivero, junto al abogado Diego Armesto, con el acompañamiento de una ONG y dirigentes políticos, en el marco de una estrategia para internacionalizar el caso.
El reclamo se formalizó tras una serie de gestiones en Washington y busca que el organismo intervenga para proteger la vida y la integridad física del ciudadano argentino.
La diputada nacional Karina Banfi, quien acompañó la iniciativa, sostuvo que la medida cautelar “es un seguro de vida” frente a la falta de garantías judiciales.
“A Germán Giuliani lo detuvo el régimen de Venezuela por ser argentino. Lo están usando como moneda de cambio”, afirmó la legisladora.
Denuncian desaparición forzada
De acuerdo con la presentación, Giuliani fue detenido entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado de Anzoátegui.
Durante los primeros 12 días no hubo información oficial sobre su paradero, lo que fue caracterizado por la familia como una desaparición forzada.
Posteriormente, se confirmó que estaba alojado en un comando militar y luego fue trasladado al penal de Yare II, señalado por organizaciones de derechos humanos como un centro de detención de presos políticos.
La familia sostiene que no existen cargos formales ni pruebas que respalden las acusaciones de terrorismo y narcotráfico difundidas por autoridades venezolanas.
También denuncian que no fue presentado ante un juez en tiempo razonable ni tuvo acceso a una defensa técnica independiente.
El contacto con sus familiares es mínimo: solo puede realizar llamadas breves, supervisadas y sin posibilidad de verificar su estado de salud.
El expediente presentado ante la CIDH incluye denuncias de torturas físicas durante interrogatorios, coerción para firmar declaraciones y períodos prolongados de aislamiento.
Además, se reporta un deterioro físico y psicológico progresivo, en un contexto de restricciones alimentarias e incomunicación.
Testimonios incorporados en la causa describen un patrón sistemático de violencia en centros de detención vinculados a presos políticos en Venezuela.
Impacto político y reclamo internacional
El caso tomó mayor visibilidad tras la liberación del gendarme Nahuel Gallo, lo que dejó a Giuliani como el único argentino detenido en Venezuela.
Tanto su entorno como organismos de derechos humanos interpretan la detención como una herramienta de presión en el marco de tensiones diplomáticas.
El Gobierno argentino ya expuso la situación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y mantiene el reclamo por su liberación.
En este escenario, la intervención de la CIDH podría resultar clave, ya que permitiría un seguimiento específico del caso e incluso una eventual inspección en el lugar de detención, en busca de garantías para su vida e integridad.