La Corte Suprema de Estados Unidos reafirmó hoy el derecho de los ciudadanos a portar armas de fuego en público, a pesar de los crecientes llamados a limitar las armas de fuego tras dos tiroteos masivos que conmovieron al país en mayo.
El alto tribunal respaldó a quienes sostienen que la segunda enmienda de la Constitución garantiza desde 1788 el derecho a poseer y portar armas, en una decisión tomada en medio de una escalada de violencia con tiroteos masivos que dejaron múltiples víctimas mortales en el país.
El fallo de 6 votos contra 3 anula una ley de Nueva York que databa de 1913 y requería que una persona demostrara que tenía necesidades legítimas de defensa personal para recibir un permiso de porte de armas, al tiempo que impedirá a los estados restringir el derecho de las personas a armarse.
El presidente Joe Biden se declaró «profundamente decepcionado» por la decisión, que «contradice tanto el sentido común como la Constitución», según dijo. Y afirmó que, «esta sentencia contradice tanto el sentido común como la Constitución y debería molestarnos a todos profundamente».
Se trata del primer fallo de la Corte Suprema en una década relativo a la Segunda Enmienda y una importante victoria para la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su sigla en inglés), el poderoso lobby de las armas.
Futuro que asusta:
La Corte Suprema de EEUU pasó a tener, con el ex presidente Donald Trump, una mayoría conservadora de seis magistrados de los nueve totales, tras el nombramiento de la jueza Amy Coney Barrett pocos meses antes del fin del mandato del republicano.
Desde entonces, organizaciones sociales y sectores políticos progresistas alertan que el máximo tribunal puede arremeter contra algunos de los derechos fundamentales ya adquiridos. Ese temor aumentó recientemente con la filtración de un borrador de la Corte Suprema ratificando su voluntad de anular el derecho al aborto tras casi medio siglo de vigencia, lo que causó un terremoto en la sociedad norteamericana.
En ese marco, para el alcalde de Nueva York, Eric Adams, la decisión puede alimentar la violencia armada. «No podemos permitir que Nueva York se convierta en el Salvaje Oeste», sostuvo.
Para la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, el dictamen es «absolutamente terrible». «Podemos tener restricciones de expresión, no puedes gritar fuego en un teatro lleno de gente, pero de alguna manera no se permiten restricciones en la Segunda Enmienda», comparó.
La palabra de los jueces:
El juez Clarence Thomas, quien redactó la decisión en nombre de la mayoría de la Corte, dijo que «las Enmiendas Segunda y Decimocuarta protegen el derecho de un individuo a portar un arma de fuego para defensa propia fuera del hogar».
Agrego además, «El requisito de causa justificada de Nueva York viola la Decimocuarta Enmienda al impedir que los ciudadanos respetuosos de la ley con necesidades ordinarias de autodefensa ejerzan su derecho de la Segunda Enmienda de poseer y portar armas en público para la autodefensa».
Otro juez que respaldó el fallo, Samuel Alito, desestimó los argumentos de que las armas de fuego fuera de los hogares generan una gran violencia, incluso cuando se trata de tiroteos masivos.
Los tres magistrados más progresistas del tribunal discreparon. «Muchos estados han tratado de abordar algunos de los peligros de la violencia con armas (…) aprobando leyes que limitan, de varias maneras, quién puede comprar, portar o usar armas de fuego de diferentes tipos», dijo el juez Stephen Breyer.
Más de la mitad de los estados del país ya permiten el porte de armas de fuego sin permiso. La mayoría de ellos lo hizo en la última década. En el otro extremo, más de 20 estados aún mantienen restricciones que ahora podrían verse obligados a abandonar en función del fallo de la Corte Suprema.
En las últimas dos décadas, más de 200 millones de armas llegaron al mercado estadounidense, encabezadas por rifles de asalto y pistolas personales, lo que ha alimentado un aumento de asesinatos, tiroteos masivos y suicidios. En ese marco, senadores estadounidenses llegaron esta semana a un acuerdo sobre un proyecto de ley para restringir el acceso a las armas de fuego, en una iniciativa bipartidista que es reclamada tanto por Biden como por una sociedad estremecida por los recientes ataques.