La normativa de asilo sigue siendo una prioridad para la Unión Europea (UE), que lleva años intentando poner de acuerdo a los gobiernos del bloque.
La Comisión Europea aceptó hace años el principio de repartirlos con algunos criterios para hacer el reparto equitativo: población, renta per cápita, tasa de desempleo y otros. Pero con ninguno convenció a los gobiernos que rechazan por sistema aceptar a refugiados. Ahora, la ley que se estudia es la de hacer que los gobiernos paguen por no recibirlos.
Así, si en el reparto a un país le tocaran, por ejemplo, 10.000 solicitantes de asilo en un año y no quisiera aceptarlos, pagaría una suma por cada uno de esos. Ese dinero iría a los países que sí los aceptan para ayudar con su acogida.
La Comisión Europea cree que con esa propuesta puede desbloquear una negociación que se arrastra sin avances. La alternativa sería que el país que rechaza a los solicitantes entregue el equivalente en ayuda material.