La Unión Europea (UE) fue taxativa a la hora de dejar claro que no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente “legítimo” de Venezuela, por su negativa a hacer públicas todas las actas públicas de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Pero también evitó, al menos por el momento, dar el siguiente paso —que reclama ahora la oposición española— de declarar al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, presidente electo.
Un recelo que se explica en parte por el fiasco que supuso para Bruselas el precedente más inmediato, el del también opositor venezolano Juan Guaidó, al que la UE —como decenas de países de todo el mundo— reconoció en 2019 como presidente “encargado” para luego tener que dar marcha atrás sin haber obtenido ninguno de los resultados esperados de ese gesto tan inusual en la diplomacia internacional.
En paralelo, la posición de España arrinconó en el Congreso al gobierno de Pedro Sánchez: con mayoría absoluta, el Parlamento aprobó una propuesta que presiona a Sánchez para que reconozca a González Urrutia como legítimo presidente electo de los venezolanos.