El ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció este jueves ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por segunda vez desde su espectacular captura el 3 de enero en Caracas en una operación militar estadounidense.
A sus 63 años, Maduro y su esposa, Cilia Flores (69), están detenidos en una cárcel de máxima seguridad en Brooklyn desde hace casi tres meses, tras su traslado desde Venezuela.
En la audiencia, el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, abordó la moción presentada por los abogados de la pareja para desestimar los cargos. Los defensores argumentaron que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bloquea los fondos del Estado venezolano necesarios para cubrir sus honorarios, lo que viola el derecho constitucional de Maduro a elegir a sus abogados.
“El requisito de autorización del Tesoro impide a mis clientes acceder a su propia defensa, por lo que el caso debería ser desestimado por razones procesales”, sostuvo el abogado Barry Pollack.
Maduro enfrenta graves acusaciones, entre ellas conspiración por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra, mientras que Flores está imputada por tráfico y tenencia de armas. Los cargos contemplan penas de hasta cadena perpetua, según el Código Penal estadounidense. Además, el fiscal adjunto, Kyle Wirshba, argumentó que permitirles acceder a los fondos venezolanos socavaría las sanciones impuestas por Estados Unidos y acusó a la pareja de “saquear la riqueza de Venezuela”.
Durante la audiencia, Maduro se mostró visiblemente más delgado y demacrado, con un uniforme de prisión color beige sobre una remera naranja, mientras que Flores llevaba un uniforme verde seco y lucía maquillada. Ambos ingresaron al tribunal con paso lento, en medio de fuertes medidas de seguridad y una marcada tensión en los alrededores, donde manifestantes se dividieron entre celebraciones y protestas contra la operación militar estadounidense.
El juez Hellerstein descartó desestimar el caso, aunque dejó abierta la posibilidad de solicitar una “licencia especial” al Tesoro para desbloquear fondos específicos para la defensa, considerando que la situación política en Venezuela ha cambiado. “No representan ninguna amenaza para la seguridad nacional, y las cosas han cambiado en Venezuela”, señaló el magistrado.
Desde su captura, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, han buscado acercar posiciones. A principios de marzo, ambos países acordaron restablecer relaciones diplomáticas, rotas desde 2019. Rodríguez anunció que esta semana partirá a Washington la delegación diplomática venezolana para iniciar una nueva etapa de diálogo político y cooperación bilateral.
Durante la audiencia, también se discutieron cuestiones de seguridad, como la restricción de compartir evidencia del caso con otros acusados, incluyendo a Diosdado Cabello y Héctor «Niño» Guerrero, ante el riesgo de represalias en Venezuela.
Tras la sesión, la pareja fue trasladada nuevamente al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, descrito por algunos internos como un “infierno en la Tierra”. Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, aseguró que su padre se mantiene “con mucho ánimo” y haciendo ejercicio, a pesar de las condiciones difíciles, incluyendo aislamiento prolongado y escasez de alimentos.
Los abogados también enfatizaron que los activos de Maduro y Flores, bloqueados por Estados Unidos y valorados en cerca de 700 millones de dólares, son insuficientes para cubrir los costos legales de forma independiente, mientras que la investigación financiera estima que la red de corrupción movió hasta 4.000 millones de dólares, incluyendo fondos en paraísos fiscales.
En su primera comparecencia en enero, Maduro se declaró “no culpable” y se definió como un “prisionero de guerra”.
Durante esta segunda audiencia, aunque la corte no emitió decisiones finales, quedó claro que los próximos pasos incluirán debates sobre la financiación de la defensa, las sanciones estadounidenses y la evolución de las relaciones diplomáticas, mientras continúa el proceso judicial más importante contra un exmandatario venezolano en suelo estadounidense.