La Fiscalía especial de la República de Corea solicitó este martes la pena de muerte para el ex presidente destituido Yoon Suk-yeol, acusado de insurrección por haber decretado de forma efímera la ley marcial en diciembre de 2024, una decisión que desató la mayor crisis política del país en décadas.
El pedido fue formulado durante la audiencia final ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl por el equipo del fiscal independiente Cho Eun-suk, que considera a Yoon el “cabecilla de una insurrección”. El tribunal tiene previsto emitir su veredicto el 19 de febrero, según informaron medios locales.
La causa se centra en la declaración de ley marcial de emergencia del 3 de diciembre de 2024, que fue revocada apenas horas después por la Asamblea Nacional, tras una tensa sesión celebrada mientras tropas armadas rodeaban el Parlamento. El episodio evocó recuerdos de las dictaduras militares de las décadas de 1970 y 1980 y provocó protestas masivas, alarma social y fuerte repercusión internacional.
Yoon fue destituido formalmente en abril de 2025, luego de que el Tribunal Constitucional ratificara su remoción por violar el orden democrático, y en enero de ese año se convirtió en el primer presidente en funciones arrestado en la historia del país. Según la fiscalía, el ex mandatario habría conspirado durante más de un año para imponer la ley marcial con el objetivo de neutralizar a la oposición y concentrar el poder, reorganizando para ello la cúpula militar.
Durante el juicio, Yoon sostuvo que su decreto fue un intento “desesperado, pero pacífico” de advertir sobre lo que consideraba una amenaza del opositor Partido Democrático, al que llegó a calificar como “fuerzas antiestatales”. Sin embargo, los fiscales afirmaron que el plan incluía incluso provocaciones deliberadas contra Corea del Norte para justificar la imposición del gobierno militar.
El caso involucra además a altos mandos militares y ex funcionarios, y es considerado uno de los procesos judiciales más trascendentes de la historia democrática surcoreana, por sus implicancias en la relación entre el poder civil, las Fuerzas Armadas y la estabilidad institucional del país.