El presidente de España, Pedro Sánchez, convocó ayer a elecciones generales para el 23 de julio, unos seis meses antes de lo previsto, en una sorpresiva decisión por consecuencia directa de la derrota del oficialismo en los comicios regionales y municipales del domingo.
La convocatoria a las urnas de Sánchez, significa, en la práctica, la liquidación de la presente legislatura y de su propio Gobierno progresista, y pone en marcha de hecho un breve espacio de negociaciones entre partidos de cara a los comicios. “He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones de ayer. Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio”, anunció el socialista Sánchez en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa.
El Gobierno saliente de Sánchez es una inestable alianza entre su partido sociademócrata PSOE y el de izquierda Podemos, y el inesperado anuncio del presidente dio paso un reclamo de unidad desde la izquierda y a un juego de condiciones en la derecha. La decisión del jefe de Gobierno fue vista por analistas políticos locales como una suerte de contraataque, un último intento de retomar la iniciativa política y no permitir que su poder se esfume lentamente de aquí a fin de año.
“Asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular”, ahondó Sánchez. En lo formal, el presidente ya comunicó la medida al rey Felipe VI, el jefe de Estado español, y el Consejo de Ministros, o gabinete, oficializó la disolución del Parlamento. La campaña electoral durará 15 días, del viernes 7 de julio al 21 de ese mes.
Cabe recordar que España tiene una forma de Gobierno parlamentaria. En las elecciones generales, los votantes eligen a los miembros del Congreso de los Diputados y estos, a su vez, designan a un presidente del Gobierno y a sus ministros, que también son diputados.
La fecha límite para celebrar elecciones era en diciembre, y pocos esperaban el adelanto, teniendo en cuenta de que España ostentará la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023.
El Congreso quedará paralizado y más de 60 leyes sin tratar
La sorpresiva convocatoria a elecciones legislativas nacionales anticipadas que decretó el presidente de España, Pedro Sánchez, que suspende todas las actividades parlamentarias previstas, dejará en el limbo a más de 60 leyes que no podrán ser tratadas, entre ellas una la reforma el Código Penal, despenalizar las injurias a la Corona e iniciativas para reformar la ley que regula el Tribunal Constitucional.
La decisión de Sánchez paraliza la tramitación de todas las iniciativas en marcha, con lo que se van a quedar sin aprobar más de 25 leyes procedentes de decretos-ley que ya están en vigor, otras ocho aprobadas por el Gobierno y alrededor de una treintena impulsadas por los grupos parlamentarios.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “ley mordaza”, también quedó enterrada al no ser aprobada en la Comisión de Interior. Una vez que se publique el decreto de disolución, solo quedará en funcionamiento la Diputación Permanente del Congreso, pero no así el Pleno de la Cámara, que ya no podrá reunirse hasta la sesión constitutiva de la próxima legislatura, prevista para mediados de agosto.