La Justicia chilena decidió el viernes la suspensión de una millonaria licitación para la explotación de litio que desató polémica por ser realizada a dos meses de la salida del actual presidente, Sebastián Piñera, y por el alto nivel de rechazo de la oposición, entre ellos, del presidente electo, Gabriel Boric.
La Corte de Apelaciones de Copiapó, resolvió “paralizar” el proceso licitario, aceptando así el recurso judicial solicitado por el gobernador local, Miguel Vargas, junto a un colectivo de comunidades indígenas aymaras y diaguitas.
En paralelo, la Contraloría General de la República (órgano de fiscalización de la administración pública, autónomo del Ejecutivo) había realizado una denuncia, por la vía administrativa, para que se determine la legalidad de todo el proceso.
Por su parte, desde el Ministerio de Minería defendieron el proceso licitatorio, al que consideraron “abierto” y “transparente”. Además, anunciaron que recurrirán la resolución judicial según los plazos dispuestos por la ley.