El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) y amplió así su ofensiva contra el tribunal con sede en La Haya: por primera vez, las medidas dejaron de dirigirse exclusivamente a funcionarios individuales y pasaron a alcanzar directamente a la institución. La decisión, comunicada el pasado viernes por el Departamento del Tesoro, provocó un fuerte rechazo internacional y abrió un nuevo capítulo de tensión entre Washington y los organismos multilaterales de justicia.
“Hoy, Estados Unidos sanciona a la Corte Penal Internacional. Prohibiremos las transacciones con esta corte deshonesta, cortando sus recursos y mermando su capacidad para operar”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
El funcionario reiteró la postura del presidente Donald Trump frente a la jurisdicción del tribunal y aseguró que su administración no permitirá que la CPI procese a ciudadanos estadounidenses. “Estados Unidos nunca se sumó a la corte. No la necesitamos. Y no la queremos”, sostuvo.
La institución fue incorporada a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. La designación contempla el bloqueo de activos sujetos a la jurisdicción estadounidense y restricciones a las transacciones que involucren a personas de ese país.
No obstante, Washington también emitió cuatro licencias generales que autorizan determinadas operaciones relacionadas con la Corte. Entre ellas figura una autorización de 180 días para actividades necesarias para mantener su funcionamiento, además de excepciones vinculadas con servicios tecnológicos, pensiones y cuestiones relacionadas con personas detenidas bajo su jurisdicción.
Según el Departamento de Estado, el plazo busca dar tiempo a los países miembros para avanzar en soluciones diplomáticas y jurídicas frente a las objeciones estadounidenses.
El conflicto por la jurisdicción de la Corte
La medida profundiza una confrontación que se intensificó durante el segundo mandato de Trump. En febrero de 2025, el presidente firmó una orden ejecutiva que habilitó sanciones contra funcionarios de la CPI. Desde entonces, Washington impuso restricciones a más de una decena de personas vinculadas con el tribunal, entre ellas su presidenta, Tomoko Akane.
La Casa Blanca sostiene que la Corte se atribuye competencias que no le corresponden sobre Estados Unidos e Israel, países que no son parte del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del organismo.
El enfrentamiento se agravó después de que la CPI emitiera en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la guerra en Gaza.
La Corte, por su parte, sostiene que puede ejercer su jurisdicción sobre determinados delitos cometidos en territorios de Estados parte, independientemente de la nacionalidad de los sospechosos.
La CPI fue creada en 2002 y tiene competencia para investigar y juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión, dentro de los límites establecidos por el derecho internacional. Actualmente cuenta con 125 Estados parte.
La CPI denunció un ataque contra el Estado de derecho
La respuesta del tribunal fue contundente. En un comunicado, la institución rechazó enérgicamente las sanciones y advirtió que constituyen un ataque contra el Estado de derecho y la justicia penal internacional.
La Corte afirmó que las medidas buscan obstaculizar su funcionamiento e impedir que cumpla el mandato que le encomendaron los Estados que integran el Estatuto de Roma. También aseguró que continuará con su labor pese a las presiones.
La decisión estadounidense recibió, además, el rechazo de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, cuyo órgano directivo expresó su preocupación por la ampliación de las medidas contra la institución y sus funcionarios. El organismo sostuvo que estas acciones ponen en cuestión la independencia judicial y los mecanismos internacionales creados para garantizar que los responsables de los delitos más graves rindan cuentas.
La ONU y ocho países cuestionaron la decisión
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, manifestó su profunda preocupación por las consecuencias que las sanciones podrían tener sobre la capacidad operativa de la Corte, especialmente en investigaciones vinculadas con situaciones remitidas por el Consejo de Seguridad y por los propios Estados parte.
A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres advirtió que la decisión representa un golpe a los esfuerzos internacionales para combatir la impunidad y garantizar justicia a las víctimas de los crímenes más graves.
El titular de la ONU reiteró su respaldo a la independencia del tribunal y pidió a los Estados que respeten sus compromisos internacionales y apoyen los mecanismos de rendición de cuentas.
En Europa, la Unión Europea (UE) calificó de “profundamente lamentable” la decisión de Washington y aseguró que trabajará con la CPI para garantizar que pueda continuar sus actividades de manera eficaz.
En una declaración conjunta, los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido expresaron su rechazo a las sanciones y reafirmaron su respaldo a la independencia, imparcialidad e integridad del tribunal.
El Gobierno neerlandés, cuyo país alberga la sede de la institución, también manifestó su apoyo. El ministro de Relaciones Exteriores, Tom Berendsen, calificó las medidas de Estados Unidos como un paso profundamente lamentable y aseguró que Países Bajos defenderá la continuidad del trabajo de la Corte.
Los ocho países anticiparon que mantendrán el diálogo con los Estados que no forman parte del Estatuto de Roma, mientras se preparan para la Asamblea de los Estados Partes prevista para diciembre de 2026.
El Nobel a Pillay, bajo la sombra de Trump
El anuncio de las sanciones se produjo pocas horas después de que se conociera que la jurista sudafricana Navi Pillay había sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026, un reconocimiento que volvió a situar en el centro del debate internacional la defensa del derecho internacional y el papel de los tribunales.
Pillay, ex jueza de la CPI y ex alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuestionó las sanciones estadounidenses y las calificó de “inauditas e inaceptables”.
Durante una videoconferencia desde Núremberg, en un acto celebrado en el Centro Nobel de la Paz de Oslo, expresó su preocupación por el futuro de los tribunales internacionales y por las consecuencias de sancionar a jueces a raíz de las decisiones que adoptan en el ejercicio de sus funciones.
La jurista presidió una comisión de investigación independiente de la ONU que concluyó que Israel había cometido genocidio en la Franja de Gaza, una acusación que el Gobierno israelí rechaza. Su trayectoria en materia de derechos humanos y justicia internacional fue uno de los elementos destacados tras el anuncio del premio.
La coincidencia temporal entre el Nobel y las nuevas sanciones provocó un intenso debate internacional. Sin embargo, fuentes diplomáticas citadas por la agencia EFE señalaron que Washington ya tenía previsto anunciar las medidas contra la institución para esa fecha, por lo que la proximidad de ambos acontecimientos no demuestra por sí misma una relación causal.