La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó temporalmente este martes al Gobierno de Donald Trump a reanudar las deportaciones de migrantes hacia terceros países, es decir, naciones que no son aquellas de las que proceden. Al mismo tiempo, el máximo tribunal anunció que escuchará los argumentos sobre la legalidad de esta política en diciembre.
La decisión, adoptada por seis votos contra tres, suspendió por ahora una orden emitida en febrero por un juez federal que establecía que las autoridades migratorias debían garantizar a los migrantes un mayor debido proceso antes de enviarlos a países con los que no tienen vínculos. Los tribunales inferiores habían determinado que las personas afectadas debían ser notificadas y tener la posibilidad de impugnar la deportación si consideraban que podían sufrir persecución o tortura en el destino.
La resolución de este martes permite al Gobierno reactivar las expulsiones mientras continúa el litigio judicial, aunque la Corte Suprema deberá pronunciarse posteriormente sobre el fondo del caso. Las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson votaron en contra de la decisión.
La Administración Trump había argumentado ante el máximo tribunal que las restricciones impuestas por los tribunales inferiores impedían al Departamento de Seguridad Nacional “expulsar eficazmente a extranjeros”, incluidos algunos con antecedentes penales. Según el Departamento de Justicia, una de las decisiones judiciales había obligado a cancelar un vuelo previsto para trasladar a 70 migrantes a tres países.
El Gobierno sostiene que la política, implementada en marzo de 2025, permite enviar a los deportados a terceros países cuando esos Estados ofrecen garantías de que no serán perseguidos ni torturados. Los tribunales inferiores, en cambio, consideraron que esas garantías no eliminan la obligación de informar previamente a las personas afectadas y permitirles plantear objeciones.
Más de 25.000 deportados
La decisión se produce en el marco de la política migratoria impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Más de 25.000 migrantes fueron enviados a 29 países bajo este mecanismo, según un recuento citado por medios y organizaciones de derechos humanos. La mayoría de las expulsiones tuvo como destino México.
Entre los destinos utilizados también figuran Uganda, Guinea Ecuatorial, Liberia, la República Centroafricana y Sudán del Sur, entre otros. Este último es considerado un país de alto riesgo y el Departamento de Estado estadounidense recomienda a sus ciudadanos no viajar allí debido a la delincuencia, los secuestros y el conflicto armado.
El Gobierno estadounidense sostiene que recurrir a terceros países es necesario cuando no puede concretar el retorno de determinadas personas a sus países de origen. Sus defensores también argumentan que la medida permite avanzar con las deportaciones de personas consideradas peligrosas por las autoridades.
El Gobierno celebró la decisión
Desde la Administración Trump celebraron el fallo. James Percival, asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó que la política de deportaciones a terceros países vuelve a estar vigente y pidió a las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos que opten por la salida voluntaria.
“En nuestra segunda victoria ante la Corte Suprema en menos de una semana, la política de deportación a terceros países del DHS vuelve a estar en vigor”, escribió en X. También instó a los migrantes a aceptar un programa de retorno voluntario que contempla un pago de US$3.000 y un vuelo de regreso.
El Gobierno había advertido además que la suspensión de las deportaciones representaba una “emergencia nacional” y afectaba su capacidad para expulsar a determinados migrantes.
Denuncias por malos tratos
Pese a la celebración por parte de la administración republicana, la política también generó cuestionamientos debido a las condiciones en las que se realizan algunas de las deportaciones. Según una investigación citada por The New York Times, algunos migrantes denunciaron haber sido encapuchados, atados y golpeados por agentes policiales durante los traslados.
Organizaciones de derechos humanos también han advertido sobre los riesgos que enfrentan personas enviadas a países con los que no tienen vínculos, especialmente cuando consideran que podrían sufrir persecución, tortura o encarcelamiento.