El suroeste de Colombia vive horas de extrema tensión tras un ataque con explosivos que dejó al menos 19 muertos y 48 heridos —entre ellos cinco menores— en la vía Panamericana, a la altura del departamento del Cauca. La explosión se produjo este sábado en el sector de El Túnel, en el municipio de Cajibío, y afectó de manera indiscriminada a unos 15 vehículos que circulaban por esta ruta clave que conecta Cali con Popayán.
El último balance oficial, difundido por la Gobernación del Cauca, elevó la cifra de víctimas respecto de los primeros reportes. Ante la magnitud del ataque, el gobernador Octavio Guzmán decretó tres días de duelo departamental y calificó el hecho como una “tragedia que nos desgarra”.
Una ofensiva coordinada en la región
El atentado se enmarca en una escalada de violencia más amplia. Según el comandante general de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López Barreto, en apenas dos días se registraron al menos 26 acciones armadas en Cauca y Valle del Cauca. Localidades como El Tambo, Caloto, Guachené, Mercaderes y Miranda también fueron blanco de ataques recientes.
El jefe militar responsabilizó del ataque a las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y señaló que se encuentra en la zona verificando la situación junto a la Policía. “Es una acción terrorista clara de las estructuras de (alias) Mordisco y de la Jaime Martínez contra la población civil”, advirtió, en referencia a la principal disidencia guerrillera dirigida por Néstor Vera, alias Iván Mordisco.
En la misma línea, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló a un jefe guerrillero conocido como “Marlon” como responsable operativo y anunció una recompensa de hasta 4.500 millones de pesos por información que permita su captura.
Las autoridades también denunciaron graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, como el uso de buses escolares en ataques y la afectación de infraestructura crítica. En particular, se reportaron daños en un radar de control aéreo cercano a El Tambo, lo que pone en riesgo la seguridad aérea.
Condena oficial y refuerzo de seguridad
El presidente Gustavo Petro condenó enérgicamente los hechos y calificó a los responsables como “terroristas, fascistas y narcotraficantes”. Además, reclamó la “máxima persecución mundial” contra estas estructuras.
Como respuesta, el Gobierno dispuso un amplio despliegue de seguridad, que incluye más de 13 pelotones de caballería blindada y 12 de infantería, además de vigilancia aérea permanente.
Asimismo, se ofrecieron recompensas de hasta mil millones de pesos por información sobre otros cabecillas.
Mientras tanto, la población civil permanece en alerta en una región que vuelve a quedar en el centro del conflicto armado, en medio de una escalada que evidencia la persistencia de la violencia en el suroeste colombiano.