El Gobierno de Venezuela anunció el viernes pasado su retiro «firme e irrevocable» de la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que el tribunal con sede en La Haya mantiene un «sesgo geográfico» contra los países de América Latina y África. La decisión se produce en medio de una de las mayores crisis de la historia reciente del organismo, marcada por la destitución de su fiscal jefe, Karim Khan, tras una denuncia por presunta agresión sexual.
El canciller venezolano, Félix Plasencia, informó que el país notificó oficialmente al secretario general de la ONU, António Guterres, la denuncia del Estatuto de Roma, tratado constitutivo de la CPI, para iniciar el proceso de salida previsto en el artículo 127.
Según explicó Plasencia, la decisión responde a que la labor de la Corte se ha concentrado de manera desproporcionada en países del llamado Sur Global, especialmente de América Latina y África.
El canciller sostuvo que el tribunal ha sido «instrumentalizado» para profundizar las desigualdades entre los Estados y cuestionó que sus actuaciones «perpetúan la persecución contra el pueblo venezolano» y desconocen el derecho de los países a la soberanía y la autodeterminación.
El Gobierno venezolano aseguró que continuará respaldando una justicia internacional que sea «genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos».
Qué implica la salida de la CPI
La Corte Penal Internacional, creada por el Estatuto de Roma y con sede en La Haya, investiga y juzga crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y el crimen de agresión cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
Venezuela ratificó el tratado en el año 2000, durante el gobierno de Hugo Chávez, por lo que la Corte tiene jurisdicción sobre los presuntos delitos cometidos en el país desde el 1 de julio de 2002.
Sin embargo, el retiro no tendrá efecto inmediato. De acuerdo con el artículo 127 del Estatuto de Roma, la salida entrará en vigor un año después de que la ONU reciba la notificación oficial, y no exime al Estado venezolano de cooperar en las investigaciones iniciadas antes de esa fecha.
La CPI mantiene abierta una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la actuación de las fuerzas de seguridad venezolanas durante las protestas de 2017.
Pese al anuncio del Gobierno de Caracas, la investigación continuará, ya que la salida del tratado no afecta las causas abiertas con anterioridad a la entrada en vigor del retiro. Hasta el momento, la Corte no ha emitido órdenes de detención en ese expediente.
La decisión coincide con la destitución del fiscal Karim Khan
El anuncio venezolano se conoció el mismo día en que los Estados miembros de la CPI destituyeron de forma inmediata al fiscal jefe Karim Khan, en el primer caso de este tipo desde la creación del tribunal.
La remoción se produjo luego de que una funcionaria de la Corte presentara una denuncia formal por presunta agresión sexual, lo que derivó en la intervención del Comité de Ética y en una decisión extraordinaria de la Asamblea de los Estados Parte.
Según trascendió, la gravedad de las acusaciones llevó a los países miembros a optar por la destitución inmediata para preservar la credibilidad de la institución mientras avanza la investigación.
Khan, elegido en 2021 para un mandato de nueve años, había impulsado investigaciones de alto perfil internacional, entre ellas las relacionadas con Ucrania, Palestina, Rusia, Israel y Hamás.
La ofensiva de Estados Unidos contra la CPI
La salida de Venezuela coincide además con una nueva ofensiva diplomática de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una campaña para «desmantelar» el tribunal y presionar a los aliados de Washington para que abandonen el organismo, al que acusó de representar «una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense».
Estados Unidos, que no integra el Estatuto de Roma, busca ampliar las sanciones contra funcionarios de la Corte, restringir su ingreso al país y desalentar el reconocimiento de la jurisdicción del tribunal, especialmente tras las investigaciones abiertas contra Israel y las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente ruso Vladimir Putin.
Impacto en la región
Aunque la salida de Khan obliga a la CPI a iniciar un proceso para designar un fiscal interino y posteriormente un reemplazante permanente, las investigaciones abiertas continuarán su curso, incluida la causa sobre Venezuela.
Diversas organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, respaldaron la rapidez con la que actuó la Corte frente a las denuncias contra el fiscal, aunque advirtieron que la crisis institucional no debe ser utilizada por gobiernos críticos del tribunal para desacreditar su trabajo ni para debilitar la independencia de la justicia internacional.