El balance oficial de los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio asciende a 3.342 personas fallecidas y más de 16.700 heridos, mientras miles de personas continúan desaparecidas y las tareas de búsqueda avanzan en medio de un escenario de devastación, especialmente en el estado La Guaira, al norte de Caracas.
Tras 11 días de intensas labores de rescate, la mayoría de los equipos internacionales comenzó su retirada. De los 77 grupos de rescatistas provenientes de 31 países, permanecen unos 25 equipos, que continúan trabajando junto a brigadas locales en zonas donde aún existen reportes de posibles sobrevivientes. La coordinación de las operaciones quedó en manos de Protección Civil Venezuela, luego del traspaso realizado por Naciones Unidas.
En respuesta a la emergencia, la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció la creación de una unidad militar especializada en desastres naturales, denominada «Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre», con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante futuras catástrofes.
La crisis humanitaria también provocó un creciente desplazamiento interno de familias que abandonan La Guaira hacia estados menos afectados como Táchira, Zulia y Delta Amacuro. Actualmente, 10.702 personas permanecen alojadas en 79 campamentos temporales, mientras organismos internacionales advierten que las necesidades de asistencia aumentan a medida que concluye la fase de rescate.
Además del impacto humano, las autoridades informaron que 16.000 personas perdieron sus viviendas, 856 edificios sufrieron daños estructurales y 190 inmuebles colapsaron completamente debido a la intensidad de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.
En paralelo, la iniciativa ciudadana «Desaparecidos Terremoto Venezuela» aseguró haber recibido reportes de más de 31.000 personas cuyo paradero aún se desconoce, aunque el Gobierno no actualizó oficialmente esa cifra.
Plan «Venezuela Renace»
Ante la magnitud de la tragedia, el Ejecutivo presentó el programa «Venezuela Renace», un plan integral destinado a coordinar la reconstrucción de viviendas, edificios públicos e infraestructura básica.
Como parte de la iniciativa, el Gobierno solicitó el levantamiento de las sanciones internacionales, argumentando que dificultan el acceso a recursos financieros necesarios para enfrentar la emergencia. También propuso utilizar fondos retenidos en el exterior, incluidos activos vinculados al Fondo Monetario Internacional (FMI), para financiar la reconstrucción y la recuperación económica.
Asimismo, se anunció que las familias damnificadas recibirán una asistencia económica mensual durante seis meses, con el objetivo de aliviar las pérdidas materiales y acompañar el proceso de recuperación.
Mientras las tareas de búsqueda continúan, las autoridades reconocen que el desafío inmediato ya no se limita al rescate de víctimas, sino que se centra en la asistencia humanitaria, la reconstrucción de las zonas destruidas y la atención de miles de personas que perdieron sus hogares.