Es claro que la empresa Vicentin ha cometido, al menos, errores graves, o directamente delitos de evasión, y una planificación fiscal agresiva (ver mi nota en esta misma sección de HDC del 10/06/20) que la llevaron a insolventarse, luego de recibir cientos de millones de dólares del Banco Nación, sin calificación crediticia y por montos muy superiores a los que podía recibir. Una trama de empresas off shore (en Delaware, Panamá, Uruguay, y Paraguay) oculta un enorme patrimonio, que el juez de Reconquista no reclama, mientras deja a los propietarios como administradores.
Esos administradores, ya habían enajenado una buena parte del patrimonio de su controlada Renova (producción de biodiesel, glicerina y molienda de soja), a su socio minoritario (Glencore), que así obtuvo la mayoría, sustrayendo una parte importante del patrimonio de Vicentín a la garantía común de sus acreedores.
Mientras tanto, 2.600 productores, y otros cientos de acopiadores, proveedores, y 4.000 trabajadores directos, afrontaban una situación desesperante, que los lleva a perder su capital de trabajo, quebrar, o no recibir su salario. Sobre todo, si se observa que la mejor oferta recibida para la adquisición de Vicentin era de 500 millones de dólares, contra los 1.600 que adeuda.
No es necesario ser kirchnerista para entender que eso puede llevar a Santa Fe, pero también al Sudeste de Córdoba (que ya sufrió la quiebra de acopiadores en 2019) a una situación muy complicada. En ese ámbito, el gobierno nacional decidió la expropiación de los activos (no de la empresa, como señalan algunos periodistas y opinadores) por ley, y la intervención, argumentando la potestad de ocupación previa, algo que ha sido cuestionado por inconstitucional, u objetado, por una sutil diferencia entre ocupación y administración. La intención del Gobierno es clara; el presidente Alberto Fernández sabe perfectamente que una administración debiera ser judicial, ya que eso es lo que opinó en los años ‘90 con la Curtiembre Yoma, que Menem quería salvar; por eso quiere preservar los activos físicos, para que estén disponibles para ser administrados por un fideicomiso, constituido por YPF Agro, de modo que productores, proveedores y trabajadores, al menos puedan seguir adelante operando con los bienes expropiados.
Mientras tanto, el concurso seguirá, contando con el activo que surja de la expropiación y la propiedad de otras empresas que tiene Vicentín SA, donde deberán lidiar los acreedores con un juez que no ha mostrado interés en protegerlos, como debería haber sido su obligación.
La pueblada (sin trabajadores) de Avellaneda solo es justificable por cuestiones ideológicas, o promovidas por medios que responden al empresariado nacional” que se expresaron en contra de la estatización”, cuidando sus propios intereses en sus empresas, que han puesto en riesgo por la formación de activos externos” y/o la constitución de empresas off shore donde aplican planificación fiscal agresiva.
La reunión entre el presidente Alberto Fernández y Sergio Nardelli, CEO de Vicentin, pretendió un acercamiento que despeje las dudas legales, sin que el Estado renuncie a obtener los activos que pueden permitir la continuidad de las operaciones para productores, proveedores y trabajadores, mientras se evita la hiper concentración del mercado.
Ellos podrían participar de la gestión conducida por YPF Agro, en una gestión orientada a la sostenibilidad.
Las gestiones impulsadas por la OCDE, G20, la ONU y otras tantas organizaciones y personalidades del mundo, requieren que los temas significativos sean acordados y gestionados con los grupos de interés, se establezcan controles sociales independientes, se informe exhaustivamente y se genere la confianza necesaria para la colaboración y cooperación. Deberían tenerse presente estas recomendaciones, de manera especial, en el caso Vicentin.