Una tonelada de soja alcanza para comprar apenas 25 vacunas contra el Covid-19. El simple ejercicio aritmético da cuenta no sólo de las asimetrías en el comercio mundial sino de la preponderancia de los laboratorios sobre los antiguos Estados modernos y sus producciones tradicionales, donde, a la hora de abordar soluciones a la pandemia, los costos tenderían a recaer en unos y las ganancias en otros.
La idea subyace en una comunicación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por el que se fija un Sistema de Compensación sin Culpa (NFC, en sus siglas en ingles) en casos de que ciudadanos de países pobres padezcan efectos adversos por aplicarse la vacuna contra el Covid-19. El mecanismo prevé un pago directo, a modo de indemnización. Quien opte por esa opción deberá excluir la posibilidad de iniciar acciones legales.
NFC rige para 92 Estados desposeídos de financiar por sí mismos vacunas, y que acceden a ellas a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX). Según The Economist Inteligence United (EIU), esos mismos países tendrán inmunidad de rebaño recién en 2023.
Fuentes de la OMS dijeron a HOY DÍA CÓRDOBA que el NFC se aplica a las vacunas distribuidas por COVAX en países que no pueden financiar la compra. No se incluye a países como Argentina, considerados participantes autofinanciados.
El sistema COVAX busca facilitar el acceso a vacunas a todos los países, independientemente de su poder económico o político, dice la OMS. Se desarrolla en forma conjunta con GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization). A esta organización la integran la Fundación Bill y Melinda Gates, el Banco Mundial, Unicef y la propia OMS.
Un portavoz de GAVI consultado por este cronista explica: La mayoría de los países de bajos ingresos no tendrían los recursos para establecer un fondo de compensación, o compensar a las personas en su país que sufran un evento adverso grave debido a la vacuna. NFC proporciona una solución para que cualquier persona que crea que ha resultado gravemente lesionada por una vacuna puesta a disposición por COVAX pueda presentar fácilmente un reclamo y ser compensada si se determina que su lesión fue causada por el antídoto”. Para ello deberá renunciar a la posibilidad de un juicio.
La posición de la OMS invita a pensar cuál será la situación en países que le compran directamente las vacunas a los laboratorios. El Parlamento Europeo, luego de meses de presiones, recién a finales de febrero logró que se hicieran públicos algunos contratos. En países como Argentina, Perú o Colombia, las cláusulas de confidencialidad perduran.
Para Karin Kopitowski, directora del departamento de Investigaciones del Instituto de Investigaciones del Hospital Italiano de Buenos Aires (IUHIBA), aquí se alteraron dos cuestiones que habitualmente son exigencias éticas: que el laboratorio responda por los daños (principio de justicia) y que el producto (la vacuna) esté disponible en la comunidad que «puso voluntarios»”.
El precio promedio de las vacunas varía, según quien compra y quien vende, entre los 4 dólares de AstraZeneca, y los 40 dólares de CNBG. Colombia estimó que inocular a cada ciudadano implica invertir 21 dólares. Una dosis de Sputnik V que se aplica en Argentina cuesta, según su propia web, alrededor de 10 dólares. Es decir que la inmunización total para Argentina tendría un costo de 700 millones de dólares, solamente por las vacunas.
¿Qué suma total transferirán durante la pandemia los Estados nacionales a los laboratorios? ¿Cuál es el costo de prioridades en tiempo y forma? Dice Michel Foucault en El nacimiento de la biopolítica”: En el liberalismo clásico se pedía al gobierno que respetara la forma del mercado y dejara hacer”. Aquí, quienes piden que las dejen hacer parecen ser las empresas. Y los Estados aceptan. El principio liberal se invierte, en nombre de la emergencia. Los Estados se vuelven entonces garantes de la pérdida de derechos individuales.
Para el caso del seguro de No Culpa implementado en COVAX en los 92 países más desposeídos del planeta, quien administre los pagos a las personas que lo reclamen será ESIS, una subsidiaria de la compañía de origen norteamericano Chubb, que nació asegurando barcos cargueros. En 2010, ESIS fue contratada por British Petrol para que se hiciera cargo del pago de daños por la contaminación ambiental en el derrame de petróleo ocasionado en la explosión de la plataforma Deepwater”.
Después de un proceso de revisión integral y competitivo, ESIS fue seleccionada como aseguradora líder para el programa. La financiación de NFC cubrirá los costos del administrador, el Fondo y el nivel de seguro que proporcionará Chubb”, informan los portavoces de GAVI. Todo se financia a través de un mecanismo por el cual GAVI recauda 10 centavos de dólar por vacuna que pagan aquellos países que acceden al sistema, financiando sus propias vacunas.
Así, el Covid-19 parece haber llevado al paroxismo los principios neoliberales. Quedan preguntas: ¿Sobrevivirán Estados y empresas a la pandemia? ¿Las grandes corporaciones privadas están a un paso de convertirse en actores excluyentes de la vida social global? ¿Es posible la vida una corporación privada sin el Estado? Sin respuestas.