Alemania ha abordado una nueva ley que establece la obligación para las empresas de llevar a cabo un proceso de due diligence” en sus cadenas de suministro. Es decir, se trata de que las empresas supervisen y vigilen que no se produzcan violaciones de los derechos humanos, como trabajo forzoso, trabajo infantil, o condiciones laborales precarias, o al medio ambiente. Previsiblemente, normas de este tipo se extenderán a otros países. De hecho, ya hay peticiones para que se establezca una regulación a nivel de la Unión Europa (UE).
El tema cobra actualidad con las denuncias sobre trabajo forzoso y abusos contra los DD.HH. en Xinjiang, China, en particular en relación con la producción de algodón para la industria textil. Varias empresas han tenido que afrontar una difícil situación. Por un lado, se enfrentan a la presión en sus países de origen, y en otros países occidentales, para que no empleen algodón producido en unas condiciones laborales que violan los DD.HH.; por otro, China ha respondido con la dureza y contundencia que le caracteriza, impulsando un boicot contra las marcas (como H&M o Nike) que se han atrevido a declarar que no utilizan algodón de Xinjiang.
Los problemas de ética en los negocios internacionales, que ponen en conflicto los principios éticos con los intereses empresariales, no son nuevos. La corrupción en los contratos es una lacra que existe desde hace mucho tiempo, y contra la cual se viene luchando tanto a nivel de los países como a nivel multilateral. En el futuro se va a reforzar esta tendencia hacia mayores exigencias a las empresas para que controlen que no se cometen abusos laborales o medioambientales en sus cadenas de suministro.
La nueva legislación alemana prevé sanciones que pueden llegar a ser fuertes, en forma de multas y exclusión de la contratación pública, para aquellas empresas que no cumplan con las obligaciones de due diligence”. Pero, aparte de normas, declaraciones, protestas, y sanciones, es necesario que las empresas cuenten con un marco que favorezca su cumplimiento de estas obligaciones. Hay dos elementos que son clave en este marco: Las empresas deben ser defendidas y respaldadas, bien sea por sus gobiernos o por instituciones supranacionales. Si una empresa, como ha sucedido en China, es represaliada porque adopta procedimientos para garantizar que en sus suministros se respetan los DD.HH., es preciso responder con sanciones económicas. Los gobiernos de los países en los que se violen los DD.HH. deben ser conscientes de que, si toman medidas contra empresas, se van a enfrentar a una respuesta.
El tema no es sencillo. En estas cuestiones, como en muchas otras, se tropieza con la desventaja que supone la asimetría” en las condiciones en las que actúan los poderes públicos en los países democráticos y en los autoritarios. En los primeros los gobiernos están sometidos a las leyes, el poder judicial es independiente. En los autoritarios, como China, los gobiernos no tienen esos frenos: los tribunales hacen lo que ordena el poder. Pero, al igual que existen mecanismos para adoptar medidas antidumping”, se deben instrumentar procedimientos para responder a actuaciones abusivas de gobiernos autoritarios. Las empresas, en suma, tienen que sentir que cuentan con una protección, un respaldo para cumplir sus obligaciones.
En segundo lugar, debe haber una unidad, una armonización de políticas en los países democráticos. En el caso de Alemania ya ha habido protestas desde sectores empresariales, que apuntan a que con la nueva legislación las empresas van a estar en desventaja frente a competidoras de otros países que no están sometidas a los mismos requisitos. Por ello, hay que plantear el establecimiento a nivel multilateral de una normativa, que defina las líneas básicas del código de conducta que las empresas deberían adoptar sobre los procedimientos de control en sus cadenas de suministros, para que en éstas se respeten los DD.HH., laborales, y medioambientales.
Y quizás sería conveniente llevar el tema a la Organización Mundial de Comercio (OMC9, ahora que parece que esta organización puede salir de su letargo.
La adopción de una política multilateral tampoco va a ser sencilla. La UE ya da muestras de sus dificultades para adoptar una política común en numerosos temas: la ausencia de una política común hacia China es un ejemplo. Pero, si no se puede llegar a una política común de la UE, porque algunos países lo rechazan, cabe explorar algún tipo de cooperación reforzada. Si al menos las grandes economías europeas (Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos, etc.), se ponen de acuerdo en unas normas comunes, se habrá logrado un avance a nivel global.