El último caso de sincericidio político que registra la historia argentina reciente fue protagonizado días atrás por el senador oficialista Bartolomé Abdala, quien confesó sin tapujos en un reportaje que fuera emitido por la señal TN que tenía “más de 15 asesores” en el Congreso, aunque la mayoría de ellos está trabajando en su provincia (San Luis), en el armado de su precandidatura a gobernador.
Abdala es un camaleón de la política con un sinuoso recorrido partidario. Fue peronista en su primera hora, desempeñándose como director del Banco de San Luis y secretario de Turismo durante las gestiones de gobierno de los hermanos Rodríguez Saá. Cuando los vientos cambiaron de cuadrante se mudó al PRO, y después que Patricia Bullrich le interviniera la filial puntana, Abdala hizo las valijas nuevamente y se fue con Javier Milei, siendo candidato a senador en 2023. En el espacio libertario su ascenso fue vertiginoso, primero fue electo como senador nacional y luego accedió a la presidencia provisional de la cámara Alta, por lo que hoy es el segundo funcionario en la línea de sucesión presidencial, después de Victoria Villarruel.
A pesar de que Abdala sólo reconoció a 15, en rigor, en la página web de la Cámara de Senadores figuran 20 asesores, de los cuales 15 permanecen en territorio puntano, afectados a tareas netamente partidarias. Quizás por eso el senador no recuerde el dato con precisión. Una de ellas es Mariana Rodríguez Saá, hija del ex presidente y ex gobernador Adolfo Rodríguez Saa, que percibe un salario mensual de $ 1.354.221. En general, los asesores parlamentarios cobran entre 500.000 y 2.000.000 de pesos de sueldo, aproximadamente, más los adicionales (por título profesional, antigüedad y viáticos).
Otro de sus asesores es el cordobés Juan Pablo Ostanelli, ex secretario privado del intendente Ramón Mestre. Político de probada flexibilidad partidaria, Ostanelli llegó al Senado de la mano del dirigente radical cuando éste era senador nacional (entre 2009 y 2011). Luego, desembarcó en el municipio capitalino. Tras haber sido denunciado por Luis Juez por presuntas dádivas que habrían recibido de la empresa ERSA y eventuales maniobras de lavado de dinero, el Intendente de entonces lo terminó desplazando de su cargo. Tiempo después, Ostanelli reapareció en San Luis asesorando al gobernador Rodríguez Saá y también al intendente Gastón Hissa, de Juntos por el Cambio. Y ahora forma parte de la tropa libertaria comandada por Abdala.
En total, los seis senadores de La Libertad Avanza (LLA) (eran siete, pero recientemente hubo una baja, ya que fue expulsado del bloque el formoseño Paoltroni) suman 88 asesores, lo que representa un gasto de casi 120.000.000 de pesos al mes para las arcas públicas. Ciertamente, esta es una práctica transversal a todos los bloques partidarios, una suerte de efecto acumulación (veinte senadores tienen más de 24 colaboradores y ocho representantes tienen entre 30 y 44 asesores cada uno) que parece no tener ninguna limitación. Y los legisladores libertarios no son la excepción.
Sin inmutarse ni perder su habitual sonrisa, el senador puntano acumula ya varias denuncias en su contra. En efecto, Diego Balsano, presidente del Partido Libertario por el departamento de Junín, lo acusó de “falsificar fichas de afiliación” en la provincia de San Luis. Concretamente, Abdala habría realizado afiliaciones falsas, de personas fallecidas y otras que supuestamente fueron inscriptas sin su consentimiento. Por eso, Balsano no duda en calificarlo como “casta pura y un oportunista del montón”. Su abogado Damián Bueno advirtió que el juez federal con competencia electoral, Juan Esteban Maqueda, es “amigo de toda la vida” de Abdala y tiene frenada la causa iniciada en el año 2022, que “está durmiendo el sueño de los héroes bajo el amparo del juez Maqueda”.
Después de sus declaraciones televisivas, Abdala fue denunciado por presunta “malversación de caudales públicos”. La denuncia fue presentada por el ex juez Tiscornia. Según el denunciante, la utilización de asesores para preparar una campaña es un “hecho ilícito”, porque implica el “uso distorsivo” de esos servicios. Tiscornia recordó que el legislador libertario había admitido públicamente que “parte de sus asesores los tiene trabajando en San Luis”, ya que aspira a ser gobernador. Está claro que esa aspiración personal es legítima, lo reprochable (jurídica y moralmente) es utilizar empleados del Congreso de la Nación para fines no vinculados con el asesoramiento legislativo sino con destino a hacer política en la provincia puntana. Por lo demás, la ausencia de asesoramiento se evidencia en las intervenciones de Abdala en el recinto.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal n° 12 (de Comodoro Py), que hoy se encuentra vacante y está a cargo del juez Ariel Lijo, uno de los dos candidatos propuestos por el presidente Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia. Casualmente, el pliego de Lijo se está debatiendo en estos días en el Senado, el mismo cuerpo que preside el denunciado Abdala cuando no está presente su titular natural, que es Victoria Villarruel.
Aquellos que -hábilmente- lograron instalar en el debate público la crítica a la “casta”, ahora no pueden sostener su relato con hechos concretos. El caso de Abdala es un buen ejemplo de ello. Por cierto, no es el único. Esto demuestra que la consigna de que el ajuste lo pagaría la “casta” (con especial énfasis en la reducción de los privilegios de la clase política) sólo fue un eslogan de campaña, una de las tantas promesas ilusorias que lanzó Milei para captar la adhesión (y los votos) de la población y así llegar al poder.