El veto presidencial a la ley aprobada en ambas Cámaras del Congreso Nacional, por abrumadoras mayorías, para recomponer los ingresos de los jubilados constituye una estafa moral y, en realidad, un lento veto a la vida humana.
Crueles especulaciones político-electorales o de “gobernabilidad”, hacen a una profunda crisis ético-moral y normativa, que impregna a todo nuestro estado de derecho en términos jubilatorios. Por caso, las jubilaciones ordinarias, en décadas de kirchnerismo (con enrevesadas recomposiciones, litigiosidad, moratorias, beneficios sin aportes, estatización de las AFJP) aportaron sustancialmente al meollo de una política de seguridad social, aunque nos dejó enormes interrogantes, incuantificables cómputos pendientes, e irremontables déficits, haciendo añico elementales contratos sociales con la clase pasiva.
Natural, biológica y humanamente, el sentido como el alcance de una cabal jubilación era cincelar la dignidad laboriosa personal, facilitando, al término de la misma, merecidos pequeños júbilos y albedríos para cada beneficiario. Referimos a jubilados que, por décadas, trabajaron y aportaron, laboreando duro y sin intermitencias, tanto en el campo como en lo urbano, haciendo palpable realidad mucho de lo que hoy son y exhiben los mismos como tal. Abunda el esfuerzo y los sudores humanos detrás de esta Argentina que somos y hoy integramos.
Más que menos, décadas totalitarias y democráticas sólo perjudicaron inconstitucionalmente al conjunto de jubilados en términos, precisamente, de garantías constitucionales y de derechos humanos (vivienda digna, alimentación, medicamentos, un paseo o excursión, un modesto obsequio o regalito a sus nietos…) Baste con chequear los guarismos y el real poder adquisitivo satisfactorio de los jubilados y pensionados durante el gobierno del presidente Arturo H. Illia, o el de Arturo Frondizi.
La mayoría de los que cometieron este “jubilaricidio” nunca trabajaron ni aportaron como ellos, tampoco vivieron ni viven como ellos.
Lo cierto es que, entre equilibrio fiscal y vida humana que se apaga (urgida por su propio tiempo natural e individual que inexorablemente se consume y agota), fría e indolentemente se volvió a optarse por números, postergando otra vez una despreciada subespecie jubilatoria vernácula, al amenazar los últimos latidos que aceleran la misma muerte personal de quienes etariamente no tienen tiempo para esperar, ni fuerzas organizaciones para reclamar contundente, movilizada e institucionalmente. Mucho menos para autofinanciarse hasta un mejor final.
La Real Academia Española define el homicidio preterintencional como el “delito que comete quien realiza una acción sobre una persona, pero accidentalmente le causa la muerte”. Hoy se frotan las manos con alborozo aquellos que visualizan y anteponen un menor gasto público (¿cero inversiones humanas?) a un innumerable número seguro de vida menos. El derecho a la vida es desde la concepción hasta la muerte natural. Sin recomposición de la base del haber jubilatorio mínimo de dos canastas familiares básicas, todo incremento o formula aplicable resulta otro criminal sofisma, sin atenuantes.
Cuánto dinero mensual, y con qué justa razón, perciben funcionarios, periodistas u otros que osada y extravagantemente opinan y ejecutan sobre el asunto de los indigentes jubilados y pensionados argentinos, cuando ex presidentes o sus vices, por períodos, meses y horas de función, cobran millonarias y escandalosas cifras jubilatorias mensuales (de privilegio, claro), complejizando el desafío jubilatorio autóctono con el delito de rapiña continuada bajo solapados catálogos de eufemismos.
Entonces, ¿por qué, al menos, no callarse y respetar de una buena vez, esta larguísima, digna y pacífica agonía de jubilados y pensionados ordinarios, con sus ascuas tan crecientes como permanentes e inmediatas, generándoles más incertidumbres y dolor…? Quizás otra colectora para un caos que en ni Argentina ni sus jubilados y pensionados merecen.
Y todo ello sin mencionar las más de cientos de miles de sentencias firmes, hace años, en favor de jubilados y pensionados impunemente impagas. Como, tampoco, que no hubo aun ningún veto para los cientos de miles de millones para fondos reservados para espionajes legales. Ni para escandalosos haberes y dietas privilegiadas para legisladores, jueces o directores de empresas estatales.
Otro elogio a la inequidad y a una rotunda desigualdad ante la ley para el conjunto popular de la ciudadanía argentina, que deberá continuar clamando justicia, pero así, por ahora sólo al mismo cielo.