Más de tres lustros miden el enorme avance de la mujer en la estructura de las Fuerzas Armadas nacionales. Los primeros ingresos de mujeres como suboficiales y oficiales de cuerpos profesionales se produjeron en el final de la dictadura del “proceso”, como así también la creación de un Liceo Naval Femenino. Luego fue en el marco de la situación democrática vigente desde 1983 que la mujer progresó en las Fuerzas. Las mujeres fueron admitidas como soldados voluntarias desde 1995 y desde 1997 se incorporaron como aspirantes y cadetas para formarse como suboficiales y oficiales en el Ejército, durante la presidencia de Menem y la comandancia de Martín Balza. En la Armada fueron admitidas desde 2003 en la Escuela Naval Militar, aunque ya comenzaban a hacerse presentes en el cuerpo profesional, es decir en el escalafón que convoca a profesionales como médicos, ingenieros, abogados entre otros. La Fuerza Aérea abrió sus puertas para sumar oficiales mujeres desde 2001. Fue a partir del empuje registrado desde 2005 en la conducción del Ministerio de Defensa bajo Nilda Garré en la presidencia de Néstor Kirchner, que la presencia femenina en los organismos armados de la Nación, se reveló imparable. Sobre todo como producto de una política deliberada. Comenzaron entonces a funcionar las Oficinas de Género en las tres Fuerzas que se dirigieron a tratar de resolver las tensiones que padecían las mujeres para encauzar su desempeño profesional.
En ese tiempo, durante 2006, se creó el “Observatorio sobre Integración de la Mujer en las Fuerzas Armadas”, que realizó la recolección de información, producción de encuestas, síntesis de sus resultados y propuestas para resolver los problemas detectados. En 2007, la resolución ministerial MD 274/07 fundó el “Consejo de Políticas de Género para el Ámbito de la Defensa”.
Estos dos organismos dependen de la Dirección Nacional de Derechos Humanos de Defensa creada durante esa misma época.
Entre las primeras modificaciones de situaciones discriminatorias se contaron la eliminación de la prohibición que existía en la Armada y la Fuerza Aérea para contraer matrimonio entre personal militar de diversa categoría; la eliminación de la norma que exigía en las tres Fuerzas autorización previa para contraer matrimonio a los oficiales y suboficiales; la incorporación del personal del Ejército soltero o soltera con hijos legalmente a cargo para solicitar la adjudicación de una vivienda; la derogación de las directivas que conformaban la denominada “Situación Especial de Familia” que encuadraba a las parejas convivientes o divorciadas; la supresión de las normas que, en la Armada, hacían susceptibles de sanciones a la vigencia de concubinato, nacimiento de hijos extramatrimoniales o de embarazo siendo soltera y la eliminación de categorías de hijos de personal militar entre adoptados, matrimoniales y extra-matrimoniales. También fueron derogadas, a partir de la supresión del llamado Código de Justicia Militar, las disposiciones que penaban la homosexualidad.
A pesar del ingreso de la mujer en las escuelas militares para formarse como oficial del cuerpo de comando (Artillería, Intendencia, Comunicaciones, Infantería y Caballería) continuó vigente durante algún tiempo la limitación para hacerlo en las dos últimas especialidades, la que fue suprimida en la gestión del ministro Arturo Puricelli (2010-2013). Del mismo modo fueron eliminadas en la Armada las limitaciones para que la mujer pudiera ser parte de la dotación de la Infantería de Marina y de la Fuerza de Submarinos. En esta última, se desempeñó en el ARA-San Juan durante su trágico hundimiento la teniente de navío (capitán de corbeta post mortem) Eliana Krawczyk, la primera mujer fallecida en acto de servicio en la Armada.
En el Ejército, fue recientemente designada para el corriente año antártico, la mayor de Artillería Vanesa Pía como jefa de la Base Carlini en el continente blanco.
El avance continuo de la mujer en las FFAA forma parte de un curso progresivo que se registra en la sociedad argentina en las últimas décadas desde la ocupación de posiciones significativas por parte de la mujer en la investigación científica, el poder judicial, el deporte, el mundo empresario, sindical y político, como es el caso del cupo igualitario en ambas Cámaras del Congreso de la Nación. Pero adquiere una especial significación en el caso de las instituciones uniformadas. Notablemente, en ellas se ha cumplido más que en otra dependencia del Estado, la aplicación de la Ley Micaela destinada a capacitar al personal público para desempeñarse fuera de estilos y prácticas discriminatorias. Todo un calificativo positivo de las políticas de género en Defensa.