Recientemente, el presidente Javier Milei publicó una columna de opinión en el diario británico Financial Times bajo el título “Argentina está abierta a los negocios de la Inteligencia Artificial”, donde defiende fervientemente el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en la Argentina bajo un modelo de desregulación absoluta para atraer inversiones globales.
En esa línea, Milei rechaza el modelo de control de la Unión Europea o Estados Unidos, argumentando que la IA debe avanzar “sin la mano mortal de una regulación prematura y mal comprendida”. Propone las “corporaciones no humanas”, impulsando una reforma de la Ley General de Sociedades para crear una nueva categoría legal en nuestro país, con entidades completamente operadas por agentes de inteligencia artificial o robots.
También, en materia de jurisdicción extranjera, quiere permitir que los contratos de estas empresas tecnológicas se rijan por leyes y tribunales internacionales, como los de Nueva York o Delaware, para saltarse la justicia local.
Aunque Milei remarcó en el diario británico que “estamos abiertos a los negocios”, lo que no aclaró es para quienes serán los beneficios y quienes somos los que sufriremos las consecuencias de esa desregulación absoluta que propone.
El texto fue celebrado públicamente por su equipo económico, incluyendo a los ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger, y de Economía, Luis Caputo, quienes confirmaron el envío de los proyectos de ley al Congreso para materializar estas ideas.
Todo este planteo ya está recibiendo una catarata de impugnaciones de los más variados sectores.
Cuestionamientos
La mayor crítica a la oferta internacional del presidente es la de convertir a la Argentina en otro “experimento social”. Algunos ya plantean expresamente que seremos “conejillo de indias de las corporaciones tecnológicas más poderosas del planeta”, entre diferentes daños.
Otro aspecto es la posibilidad que se genere un negocio sin control, sin la existencia de auditorías, donde la soberanía pueda quedar relegada y todo acompañado de un esquema sin derechos laborales.
La mayoría coincide en que la IA puede ser una herramienta con extraordinarios potenciales si está al servicio de la población, de la salud y la ciencia, de la educación y la economía productiva.
Ahora bien, una inteligencia artificial desregulada totalmente abre las puertas a la degradación social, con una posibilidad cierta para la vigilancia masiva y la manipulación de los públicos, el saqueo de datos y la precarización del trabajo. Una IA sin regulación no es fomentar la libertad, es impulsar el tecnofeudalismo.
Los riesgos para la democracia
En marzo de este año, el senador estadounidense Bernie Sanders llevó adelante un experimento social y tecnológico en el cual mantuvo una conversación utilizando el modelo de inteligencia artificial Claude, para exponer los peligros de la IA en la sociedad moderna.
Los puntos clave que Sanders abordó en este diálogo con la IA incluyen la privacidad y recolección de datos. La IA le confirmó a Sanders cómo la industria tecnológica recopila volúmenes masivos de datos personales, desde historiales de búsqueda hasta hábitos de consumo, para crear perfiles digitales, sin que los usuarios sean plenamente conscientes.
En lo relativo al negocio detrás de la inteligencia artificial, cuando el senador norteamericano cuestionó a la máquina sobre el motivo de esta invasión a la privacidad, la IA confesó de manera reveladora que la motivación principal es “todo por el dinero”, demostrando que se prioriza la rentabilidad sobre el derecho a la privacidad de los ciudadanos.
Sobre el contralor y la democratización, Sanders ha advertido que el futuro de la IA y la riqueza que genera no deben quedar en manos de un pequeño grupo de multimillonarios en Silicon Valley, sino que deben beneficiar a la sociedad en su conjunto.
Los límites a esos avasallamientos a la democracia -detallados en el experimento de Sanders- se consiguen con regulación del Estado.
Consensos
Lo que se percibe con el proyecto de Milei es una propuesta personalista sin la búsqueda de consensos necesarios.
Ya en agosto del año pasado, según una encuesta de la consultora Zuban Córdoba, el 76,5% de los argentinos consideraba que la inteligencia artificial debe estar regulada por el Estado. De ese total, un 40,5% opinaba que la IA debe tener “regulaciones estrictas de uso” mientras el 36% que debía contar “con algún tipo de regulación”.
Algo no menos importante es el interés legislativo que existe durante el último tiempo en Argentina. Al día de hoy, hay varias decenas de proyectos presentados sobre inteligencia artificial en la Cámara de Diputados.
Si consideramos que es muy amplio el espectro para su regulación, en todos ellos se destacan dos campos. Por un lado los éticos o conceptuales, vinculados al manejo de la IA en general, como organismos de aplicación articulando las cuestiones transversales y aparece el riesgo.
Otro enfoque son las iniciativas que persiguen la atención del impacto en distintos sectores, por ejemplo en el mundo del trabajo, en la comunicación y la cultura, actividades periodísticas, en los derechos de autor; como también en cuestiones de fondo como la identidad y el derecho civil y comercial.
En ambos casos, las presentaciones abarcan casi todo el espectro de representación. Si bien una visión pragmática hace pensar que continúa siendo difícil su tratamiento parlamentario, esto sí puede hacerse posible. La mayoría de los países están legislando en mayor o menor medida, porque dejar librada al azar una actividad con tantas implicancias es considerado en todo el mundo una decisión solo de “aventureros políticos”.
Por eso es que no debemos entrar en una nueva locura desregulatoria y establezcamos un camino coherente para lograr que la inteligencia artificial aporte a la economía y preserve los valores de la democracia.