Sr. Director:
Uno de los principales sectores postergado por oficialismos y oposiciones en la Argentina es el de las personas con discapacidad. Históricamente, siempre lo que ha costado más alcanzar es la aprobación de marcos legales específicos en materias determinadas.
En el caso de las personas con discapacidad se lograron las aprobaciones de normas legales que fijan el cupo laboral que debe garantizarse, tanto en la provincia de Córdoba y como en la Nación.
En Córdoba se encuentra vigente la Ley 5.624 y modif., que fija un porcentaje del 5% de los cargos en el Estado Provincial y en sus distintas reparticiones, y que deben ser cubiertos por personas con discapacidad.
En la Nación, a través de la Ley 22.431 y modif., se fija un porcentaje del 4% de los cargos en el Estado Nacional y en sus distintas reparticiones que deben ser cubiertos por personas con discapacidad.
El año pasado, en un informe que publicó el diario La Voz del Interior titulado «Ocho de cada diez personas con discapacidad no consiguen trabajo» se señaló que «…En Argentina el 87% de las personas con certificado único de discapacidad está desempleada. La accesibilidad es la gran deuda…».
Esto pone en discusión el hecho de que ambos cupos laborales no estarían siendo cumplidos por el propio Estado Nacional y Provincial, lo que no sólo resulta alarmante, sino que además inaceptable.
¿Qué hacen los bloques opositores que no reclaman a los distintos gobiernos el cumplimiento de los cupos laborales para las personas con discapacidad?
¿Qué clase de representantes tenemos en la Legislatura Unicameral de Córdoba y en el Congreso Nacional que no abordan este tema con la importancia y la celeridad que merece?
Este año, el legislador radical Dante Rossi presentó un proyecto que elaboré, para mejorar y hacer operativa la Ley 5624 y modif. Se encuentra asignado a la Comisión de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad (entre otras).
Sin embargo, nunca se trató en dicha comisión, y quien suscribe nunca fue convocado por sus autoridades, al menos hasta la fecha.
Existen otros proyectos presentados sobre esta temática y tampoco se abordan.
¿Qué prioridad tiene el presidente de la Comisión de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad y el resto de los legisladores de la Legislatura Unicameral de Córdoba, que no tratan este proyecto de ley y los otros presentados en la misma línea?
¿Acaso garantizar el derecho constitucional al trabajo a las personas con discapacidad en Córdoba no es prioridad en la comisión competente?
Vergüenza debería darles, tener cajoneadas estas iniciativas, que permitirían ver en la práctica cumplido el cupo laboral asignado, el cual aseguraría a las personas con capacidades reducidas su reinserción laboral y social.
El derecho al trabajo para las personas con discapacidad se encuentra garantizado en Tratados Internacionales (Convención sobre personas con discapacidad), en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, y en las leyes de cupos laborales (nacional o provincial de acuerdo al ámbito de aplicación).
Es tiempo de que los oficialismos y las oposiciones atiendan este tema. Dejen de ocuparse de su propia agenda política o de preocuparse en los armados de listas legislativas para 2025, y atiendan la única y verdadera agenda que es la de sus representados.
No es un favor que se pide.
Para eso ocupan los cargos que hoy tienen, y es deber de todos los representantes del pueblo trabajar eficientemente y dar soluciones a las diferentes problemáticas de la ciudadanía.
Carlos Emanuel Cafure