Más allá de su auto descripción como “anarcocapitalista” (que significa una Nación sin Estado), al presidente electo Javier Milei, por lo que dice que hará, se lo puede considerar un “minarquista” (o sea, un propulsor de un Estado mínimo) muy similar al que impulsaban durante el siglo pasado los discípulos de Milton Friedman y de la Escuela de Chicago.
Sin los recursos tecnológicos fácilmente accesibles que existen hoy en la captación, almacenamiento, análisis y uso de grandes bases de datos, aquellos gobiernos no tenían posibilidad de ser Estados inteligentes y transparentes, aunque muchos dudaban si realmente lo deseaban.
Hoy, las cadenas de bloques brindan a la población la posibilidad de acceder a fuentes de datos primarios en forma directa, y, por lo tanto, hacer posible la auditoría social y la transparencia del Estado, pero también de los principales agentes económicos.
La tendencia global a los CBDC (monedas digitales de los Bancos Centrales) es una realidad insoslayable; por ellas los entes emisores pueden controlar la circulación en cada uno de los pasos y transferencias de sus monedas.
La eliminación del BCRA y del peso aceleraría el proceso por el cual la Reserva Federal de EEUU podrá ser la autoridad de control y jurisdicción exclusiva de todas las operaciones que se realicen en dólares en Argentina, que, así, cederá su soberanía, dada la doctrina de extraterritorialidad que EEUU aplica a personas, empresas y países que utilizan dólares.
De descartarse la dolarización (y/o la eliminación del BCRA), la emisión de una CBDC en pesos permitiría que se transparenten todas las operaciones y se pueda controlar sin límite de acceso a la información de las autoridades, y así se pueda eliminar la evasión, las operaciones de lavado de dinero, narcotráfico, etc.
En la transparencia del Estado, la tendencia a sistematizar los procesos administrativos y, especialmente, sus compras y contrataciones, viene desde 2001 en Francia; desde 2003 en el resto de Europa; y desde 2012 en Utah (EEUU), donde, de variadas formas, buscaron transparentarlas.
Es que los procesos de compras son los pasos más vulnerables y significativos, no sólo en el Estado, sino también en las empresas privadas, que ya están utilizando sistemas de subastas inversas –para las compras- que eliminen la privacidad de las relaciones entre compradores y proveedores. Por eso, en nuestro país ya existen sistemas de compras públicas mediante el mismo sistema, en donde los Estados buscan proveedores y registran todo el proceso, incluida la documentación de respaldo.
Hoy, las tecnologías de cadenas de bloques (“blockchain”) hacen relativamente fácil que cada paso pueda ser registrado, de modo que no puede ser borrado ni modificado, siempre que el sistema no esté concentrado en el servidor del que lo administra y lo sea en sistemas en red, como ocurre con el Bitcoin, o en sistemas propios en las empresas privadas, sin que los participantes en los sistemas de compras participen de su administración y control.
El mismo sistema puede aplicarse a las importaciones y exportaciones, su autorización, disposición e ingreso de las divisas tan escasas, que incluyen varias reparticiones: secretaría de Comercio Exterior, BCRA, AFIP-Aduana, y otras reparticiones especializadas en los productos, como SENASA.
La aplicación de la tecnología a todo el proceso puede minimizar los sobreprecios de las importaciones y subfacturación de exportaciones, que tanto daño han hecho a la disposición de divisas para el funcionamiento económico. En los años 90, el entonces ministro Domingo Cavallo, con el administrador Gustavo Parino, intentaron establecer el sistema María, que no pudo ser implementado por presiones de los importadores, exportadores y operadores en el comercio exterior, hasta que fueron desplazados de su control, que fue transferido a la Cancillería –Guido Di Tella-, e inclusive procesados penalmente en una causa que finalmente los exculpó.
Desde aquella época, países vecinos, como Chile, no sólo tenían un sistema de registro y control absoluto de importaciones y exportaciones, sino que también se podía y puede acceder a la información completa de todas las operaciones, con descripción detallada de importador-exportador, cantidades, precios, destino, fletes, seguros, bancos intervinientes, despachante de aduana, etc. Con lo que en Chile se podía no sólo controlar, sino que cada empresa que quisiera operar sabía todo lo necesario para analizar sus competidores, y así el Estado impedía la hiper concentración monopólica que existe en nuestro país, donde las 200 empresas más grandes concentran el 91,5% de las exportaciones.
Hoy aún vemos diariamente intervenciones de AFIP-Aduana que, por disposición judicial, allanan y descubren operaciones de sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones, falta de ingreso de los dólares, exportaciones de bienes por empresas fantasma incapaces de operar en tales volúmenes (por lo que estarían lavando dinero), etc.
Habrá que ver si el próximo gobierno continúa y perfecciona esa tarea, o con la reprivatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay y de los puertos pierde el control de los volúmenes físicos que transitan por allí.
Las nuevas tecnologías eliminaron la excusa de un Estado bobo, aunque sea mínimo, por lo que cabe esperar que no siga igual y ya no exista una política pública que evite la transparencia y control social del Estado y la Nación, en sus aspectos más vulnerables.