Martín Llaryora inició su gestión al frente del gobierno provincial con una fuerte retracción de los ingresos fiscales. De hecho, en diciembre la caída real de los ingresos públicos fue del 17%, motorizada por el derrumbe de los giros nacionales, que cayeron 20 puntos porcentuales, y la merma en la recaudación local (-10%), como consecuencia del parate en el consumo y la actividad económica.
En realidad, el tobogán ya había comenzado en octubre, cuando el descenso fue de 5 puntos, con un incremento del 3% en los ingresos propios y una caída del 8% en los nacionales; la tendencia se profundizó en noviembre, porque los giros nacionales se desplomaron un 12%; y se consolidó en el último mes del año, ya que la recaudación total alcanzó los 225.281 millones de pesos, verificándose así una caída del 17% en términos reales, siempre en la comparación interanual. “Esta caída en la recaudación se da en un contexto de profundización de la crisis económica. Por caso, los recursos de origen nacional registraron un incremento del 146% en términos nominales respecto al mismo mes de 2022. Descontada la inflación, esto implica una caída real del 20% interanual”, según se informó desde el Panal.
Para el gobernador los cambios en Ganancias son determinantes. “La recaudación por Ganancias creció sólo un 85% interanual en términos nominales, con una caída real del orden del 40%. Al elevarse el Mínimo No Imponible y modificarse la escala de las alícuotas, se redujo la recaudación de la cuarta categoría de Ganancias en unos 188.000 millones de pesos”, precisaron fuentes del Ministerio de Finanzas de la Provincia.
Ignacio García Aresca, el diputado nacional por Córdoba con quien Llaryora mantiene una relación de amistad desde que eran niños y hoy es la voz del Gobernador de Córdoba en el Congreso Nacional, ya avisó que ellos no están de acuerdo que se les cobre Ganancias a los trabajadores. Es un costo político que el gobernador no está dispuesto a asumir. Por ello García Aresca pidió la coparticipación del impuesto al cheque, algo que fue rechazado de plano por el presidente Milei. Sin acuerdo en este punto y con una caída brusca de la actividad, el panorama para las finanzas provinciales luce en extremo complicado. Ante esta situación, Llaryora ha decidido poner en marcha un plan de ajuste a la cordobesa, impulsando una reforma laboral y aumentando la presión tributaria sobre los contribuyentes.
Nada nuevo bajo el sol: el ahora gobernador aplicó medidas similares cuando era intendente de la ciudad de Córdoba.
Concretamente, a los estatales les aumentará los aportes personales para financiar la Caja de Jubilaciones y el Apross, la obra social de los empleados públicos provinciales. La Legislatura lo facultó recientemente a aumentar hasta 4 puntos dichos aportes. Este recorte (resistido por los gremios) es la antesala de la discusión salarial que comienza ahora.
En paralelo, unos 5.000 contratados fueron dados de baja, lo que ha tensado aún más la relación con el frente sindical, que está en pie de guerra, máxime cuando la mayoría de las bajas corresponden al sector de Salud, lo que seguramente resentirá el servicio en todos los hospitales públicos de la Provincia. A su vez, desde la Asociación de Trabajadores del Estado denunciaron el “abandono y vaciamiento de personal” en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), donde curiosamente el 100% de las despedidas son mujeres.
En materia impositiva, las expectativas no son muy alentadoras. El Ministerio de Finanzas acaba de informar que Ingresos Brutos, que representa el 83% de la recaudación propia, aumentó 201% interanual en términos nominales, lo que implica una caída de 10 puntos en términos reales; mientras que el Impuesto de Sellos, que tiene una participación del 8% en los ingresos propios, muestra una variación negativa del 30% en términos reales respecto a diciembre de 2022. Una verdadera fotografía que refleja la caída del consumo en el territorio cordobés.
Por otro lado, los datos evidencian que los vecinos han comenzado a financiarse no pagando en término los impuestos patrimoniales, que cayeron un 46% en relación a diciembre del 2022. En efecto, el Inmobiliario tuvo una caída interanual del 49% y el Automotor retrocedió 40% en términos reales. Son números preocupantes, que han activado todas las alarmas y nada hace presagiar que vayan a mejorar, ya con la estanflación instalada en la economía local.
En este marco, el gobernador decidió redoblar la presión fiscal sobre los contribuyentes, que a partir de ahora sufrirán actualizaciones mensuales en los impuestos patrimoniales, una verdadera indexación que hacía mucho tiempo no se experimentaba en nuestra provincia. Y para completar el esquema tributario, se han creado dos nuevos fondos específicos que permitirían obtener unos 3.600 millones de pesos extra, que serán destinados -en principio- a seguridad y discapacidad.
En el corazón del voto mileimacrista, Martín Llaryora lleva adelante un ajuste que se espeja en lo que propone Milei a nivel nacional, con recortes salariales en términos reales y un fuerte aumento de la presión tributaria. Quizás sobre esto departieron el gobernador y Victoria Villarruel durante el asado que ambos disfrutaron horas después de la visita de la vicepresidenta al Festival de Jesús María. Aunque no hubo comunicado oficial y nada dejaron trascender los distinguidos comensales.