Desde que, en 1989, el plan Bonex de Herman González y Menem no casualmente retuvo el 70% del capital del Supercoop, de la Cooperativa El Hogar Obrero –6° empresa de servicios del país y la mayor privada de entonces- y provocaron su quiebra, la distribución de alimentos se fue concentrando, extranjerizando y convirtiéndose en parte del problema. La inflación en la canasta básica y la evaluación de una “empresa nacional de alimentos” parece ser una nueva oportunidad de debate del tema, que no ha superado los enunciados y afirmaciones políticas, sin siquiera capitalizar las experiencias existentes.
Desde esta columna he expuesto las diversas causas que afectan el precio de los alimentos, además de bebidas, limpieza, medicamentos y servicios públicos a lo largo de la cadena productiva que los lleva a las casas de los argentinos.
Se dice que la inflación es multicausal, pero las medidas que se toman no consideran todas las causas mencionadas. Así, los precios internacionales, la emisión monetaria, la relación oferta-demanda, la puja sectorial por los ingresos, la concentración de los mercados, su falta de transparencia, el Estado bobo que desconoce los datos más elementales que son conocidos por las empresas concentradas, los costos impositivos de las PyMEs, los costos logísticos, etc. son partes de este galimatías que empobrece a la población y, a mediano plazo, a casi todos.
Parece que las retenciones a los comodities que se exportan y consumen en el mercado interno y los cupos de exportación, van por desconectar los precios locales de los internacionales.
Los problemas de oferta y demanda pasarían por aumentar la producción, en especial las regionales y lograr que la ley de góndolas se aplique sin tapujos, pero eso es insuficiente si no existen mercados transparentes que permitan que los demandantes de las cadenas de suministros, distribución y, por supuesto, los consumidores, conocer y elegir las mejores alternativas.
Allí, el Estado no puede desconocer los productos, su procedencia y precios al público –en especial los que cuentan con código de barras- que hoy son conocidos al detalle por los grandes productores y distribuidores concentrados, que de esa manera eluden con ventajas cualquier control y regulación, aumentando la concentración de los mercados, en especial en productos envasados.
En el ámbito de los alimentos frescos, con la complejidad de las producciones regionales, estacionales y concentrados en su etapa mayorista, algunos mercados concentradores de las grandes ciudades se han convertido en cárteles de especuladores, que sin transparencia –desde hace tiempo algunos no publican los precios de los productos que comercializan- aprovechan esas circunstancias para multiplicar su valor desde los productores a los minoristas y consumidores.
Es en ese ámbito, el de la concentración, en donde el Estado no solo permiten, sino que muchas veces promueve esa intermediación que beneficia a unos pocos, aun cuando cuenta con legislaciones que le permitirían intervenir.
Hoy, desde el interior del interior, muchas organizaciones sociales –en especial mutuales y cooperativas- están poniendo manos a la obra para poner en marcha proveedurías, supermercados, almacenes mayoristas, redes de compras conjuntas, etc. que aumenten su volumen y capacidad de negociación, disminuyan los costos logísticos y reduzcan los márgenes de ganancia por intermediación comercial, entre productores y consumidores.
Es en ese ámbito, pero aplicados a las grandes ciudades, que se inscribe la mentada “Empresa nacional de alimentos” que sería útil como una plataforma comercial común para pequeños distribuidores que puedan abastecerse a menores costos en un mecanismo que aproveche las ventajas de la compraventa en línea. No es algo nuevo. A principios de los 2000, Bcentral era una plataforma en red de Microsoft que en EEUU produjo una revolución en el comercio minorista, pero que en América Latina fue cooptada por las grandes cadenas que podían así controlar a sus proveedores –inclusive manejando su producción, stock, precios- en una estructura piramidal y de dependencia que terminó asfixiándolas.
Otras experiencias en algunos estados de EEUU, en Quebec-Canadá, o Costco –un Club de compras (al costo) con una membresía de U$S 60, que es la segunda cadena de mayores ventas en EEUU, solo después de Walmart y superando a Carrefour- son muestras de organizaciones exitosas basadas en disminuir los costos de intermediación en consumo masivo.
Tampoco el Estado ha adecuado sus sistemas tributarios para romper el círculo vicioso de altos costos impositivos –en especial Ingresos Brutos- que castigan a PyMEs y benefician a empresas integradas, promueven la evasión, la informalidad y precariedad y aumentan acumulativamente los precios finales.
En definitiva, algo se está haciendo, algunas –como la ley de góndolas- van camino al fracaso, y otras políticas no han merecido la atención –concentración monopólica, transparencia de precios y carga tributaria para PyMEs- lo que constituye una deuda que deberá pronto ser saldada aprovechando las experiencias existentes.
Si así no fuere, los precios de los productos de consumo masivo seguirán siendo un problema irresuelto.