El día después

El día después de las elecciones –del 26-10- y la formación de las nuevas representaciones en el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación parece comenzar un nuevo ciclo político. Las peripecias electorales actuales del gobierno, ponen dudas de cuál será su representación. Mientras tanto el FMI, Trump y el círculo rojo local le reclaman “que demuestre capacidad de negociación con otros partidos y los gobernadores”, y “que le permita realizar las reformas estructurales necesarias”.

El día después

Esas reformas estructurales se refieren al régimen jubilatorio, tributario y laboral, que por los cambios ya producidos parece ir hacia una reducción de los aportes patronales y del Estado a la seguridad social –ANSES y PAMI-, centralización de la recaudación impositiva –incluidos los impuestos que hoy cobran municipios y provincias- y una reducción de los derechos laborales de los trabajadores.

Los tres temas han sido señalados como importantes por la mayoría de los dirigentes más importantes –incluida CFK- de casi todos los partidos, aunque con diferencias importantes en el sentido y las formas en que se logre mayor equilibrio en el largo plazo.

Por ello, a días de la elección que definirá las mayorías y minorías parlamentarias, se hace imprescindible evaluar lo que proponen en los tres aspectos cada uno de ellos.

En el tema jubilatorio, unos se inclinan por disminuir los aportes patronales y los aportes del Estado al sistema, por lo que necesariamente los haberes jubilatorios deberán disminuir, mientras otros buscan aumentar el financiamiento del Estado con impuestos progresivos –aplicando más impuestos a quienes más tienen o ganan-.

Lo cierto es que con 40% o más de trabajo en negro o informal, la evasión previsional es elevadísima, sin que se observen acciones orientadas a disminuirla.

Esta situación además se emparenta con la reforma de la actual Ley de Contratos de trabajo que no se ha adaptado a la realidad laboral que hoy vivimos, en la que algunos formalizados y sindicalizados pueden ejercer sus derechos y otros no saben que es un aguinaldo, unas vacaciones o una cobertura de salud.

Las alternativas de solución parecen pasar por debilitar las entidades sindicales –algunas de las cuales debieran mostrar más transparencia- y los derechos de los trabajadores –huelga, aportes obligatorios, etc.-, mientras que las entidades patronales más poderosas ponen a las PyMEs –que son las que más empleo generan- como escudos de sus propios intereses.

Cambios en la legislación laboral aplicable solo a PyMEs, junto a un férreo control de la formalización de sus trabajadores parece ser el único camino equilibrado que aumente los derechos de los trabajadores hoy informales, a la vez que disminuya las complicaciones especialmente judiciales que han resultado tan perniciosas para las empresas y los propios trabajadores.

En el tema impositivo, solo se conocen algunas propuestas técnicas de grupos de influencia empresarios, como el SuperIVA que concentraría toda la recaudación nacional, provincial y municipal sobre las ventas o valor agregado, que luego debieran distribuirse entre las jurisdicciones con criterios aún indefinidos, dejando a las jurisdicciones sub nacionales y locales, expuestas al arbitrio de los sucesivos gobiernos nacionales.

Varios de los últimos gobiernos nacionales, han optado por aumentar los impuestos indirectos –al consumo- mientras disminuyen los directos –ganancias, ingresos y patrimonio- ya sea por disminución de tasas como por exenciones, por lo que el sistema se vuelve cada vez más regresivo gravando más a quienes menos ganancias, ingresos y patrimonio tienen.

Las campañas políticas, no casualmente dominadas por mensajes afectivos de adhesión acrítica y rechazo, evitan expedirse en estos temas que configurarán las futuras alianzas parlamentarias que permitirán sancionar leyes que nos afectarán por muchos años.

Es claro que esta ambigüedad de las propuestas, deja librados a los partidos y legisladores a hacer lo que les convenga personal o partidariamente, sin que los ciudadanos puedan reclamarles nada.

Aun cuando el 26 de octubre se trata de una renovación parcial legislativa, cuyos resultados casi nunca han sido definitorias en la gestión de gobierno –CFK perdió en 2009 y 2013 pero luego se recuperó y Macri ganó en 2017 pero su gobierno entró en crisis un par de meses después-, pero lo expresado en los párrafos anteriores la convierte en una elección bisagra hacia el futuro que actuará como preámbulo de la elección presidencial de 2027.

Exigir respuestas claras y comprensibles en estos tres temas a quienes pudiéramos elegir, es un deber cívico que nos evitará ser manipulados en nuestra buena fe.

En el día después o mejor la noche del comicio, muchos de los partidos y alianzas cantarán victoria con distintas mediciones –cantidad total de votos, cantidad de votos por provincia, cantidad de senadores y diputados, etc.-.

En el Senado no se esperan demasiadas novedades, en la medida que seguirá siendo dominado por la oposición –peronismo y gobernadores-.

La medición adecuada es por la cantidad de diputados que iniciarán su mandato el 10 de diciembre.

Los análisis de las diversas alternativas, van desde los que si produce un triunfo con +/- 39% de los votos- que le permitiría con el PRO y algunos gobernadores aliados alcanzar 103 de los 129 necesarios para tener mayoría, pero muchos más que los necesarios para sostener vetos y por supuesto evitar juicios políticos. Mientras el peronismo reuniría 97 diputados.

Una alternativa intermedia en la que LLA y el peronismo empaten en alrededor de 34% de los votos, el escenario legislativo le daría 98 diputados al gobierno –junto al pro y aliados- y 103 al peronismo que le permitiría al igual que en el caso anterior sostener vetos y evitar juicios políticos.

La tercer alternativa en la que LLA obtiene 32% de los votos y el peronismo 36%, por lo que el gobierno con el PRO y aliados reuniría 90 diputados pero estaría lejos de tener mayorías para sancionar leyes, pues el peronismo y aliados reunirían 109.

Los análisis por supuesto no incluyen alternativas peores para el gobierno, ni las que pudieran darse por el cambio de ánimo de la población en la que algunos diputados del PRO dejen de ser aliados, tal como le ocurrió a Macri en 2018 con sus aliados de Juntos por el Cambio.

De todas maneras en cualquier caso ambos polos requieren el aporte de votos de los considerados árbitros –Provincias Unidas, gobernadores peronistas no kirchneristas y radicales anti-Milei- para imponer sus proyectos de ley.

Por lo que el día después es un horizonte indefinido, en el que cada voto y cada diputado electo pueden definir nuestro futuro.

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