La Corte Suprema de Justicia (CSJN) es una fuente inagotable de escándalos. En esta ocasión, y en el marco de una causa en la que se investigan las graves irregularidades cometidas en la obra social del Poder Judicial de la Nación, María Guadalupe Burgos reconoció expresamente que durante 17 años realizó pagos y firmó cheques en representación de la obra social sin tener ninguna designación específica para ello, sin ser contadora ni contar con otro título profesional.
Para comprender la raíz y entidad de este nuevo escándalo hay que tener presente un dato clave: Burgos es sobrina de la esposa de Juan Carlos Maqueda, actual ministro de la Corte Suprema, y habría ingresado a la obra social en el año 2005, según su propia declaración, casi al mismo tiempo que Maqueda asumía el cargo que ostenta en el Máximo Tribunal de la República. Apenas una coincidencia. Pero hay otro dato que resulta relevante: Burgos percibía un salario mensual de 400.000 pesos, es decir, una cifra equivalente a más de diez salarios mínimos. Nada mal para alguien que ni siquiera posee título profesional ni desempeña funciones técnicas.
Y lo último que es menester considerar: Como ella no tenía estudios ni formación universitaria alguna, no quedó más alternativa que nombrarla como dependiente de la Secretaría (su cargo actual es de Prosecretaria Jefe), aunque de hecho se hizo cargo de la Tesorería, manejando así la totalidad de los movimientos habituales de dinero en la obra social (pagos a prestadores y médicos, reintegros a los afiliados, etc.).
A estos efectos, deberá recordarse que en ciertas ocasiones el monto de los pagos mensuales se ubica por encima de los 1.000 millones de pesos, una cifra muy importante y de la que prácticamente no hay documentación respaldatoria, lo que dificulta o directamente impide efectuar el debido control. Precisamente éste fue uno de los factores que provocó la grave crisis económica y financiera que atraviesa hoy aquella obra social.
En rigor, la causa por los desmanejos de fondos se inició a partir de la denuncia interpuesta por un empleado, quien sostuvo que había directivos que estaban utilizando para fines personales bienes que fueron adquiridos por la obra social, en especial, celulares y computadoras. Nada nuevo bajo el sol, pero esto fue, en definitiva, lo que activó la investigación. El expediente tramitó en principio ante el Juzgado Federal N° 6, que está vacante, por eso las decisiones fueron adoptadas por distintos magistrados. Y en la actualidad está en manos del juez Ariel Lijo, titular del Juzgado N° 4, que en estos meses ha ordenado diversas medidas probatorias, incluso procedimientos en la sede de la institución, sita en calle Lavalle al 1.600, de la ciudad de Buenos Aires.
Dentro de la estructura de la Corte, Maqueda era el responsable del seguimiento de la obra social, y lo hacía a través de un hombre de su estrecha confianza: Aldo Tonón, otra de las figuras claves en el entramado de este escándalo. Algunas fuentes judiciales afirman que, en razón de su edad, Maqueda habría perdido últimamente el control de la obra social, lo que derivó en desmanejos de todo tipo y en la crítica situación financiera actual.
Tras la declaración de Burgos, del pasado 7 de abril, quedó claro que muchos puestos de responsabilidad en la obra social estaban en manos de familiares o allegados al ministro cordobés. Así, por ejemplo, su histórica secretaria, Martita, llegó a ser Directora, y su actual asistente, Maribé Bonucelli, también ocupó un cargo de alto nivel. A su vez, la propia María Guadalupe Burgos se encargaba de los pagos y transferencias de fondos, mientras que su hermana trabajaba en la Corte, al igual que la madre de ambas. No hay dudas que para Maqueda lo prioritario es la familia.
Sin perjuicio del grotesco caso de nepotismo que aquellas prácticas representan, algo que es muy común en los despachos del Poder Judicial, y más aún en el fuero federal, lo más preocupante es que esta investigación puso en evidencia que ciertas empresas cordobesas habrían sido beneficiadas con contratos millonarios en la obra social, sin contar con antecedentes suficientes ni estructura para ello. Una de ellas sería la firma “Farmandat”, una empresa cordobesa cuasi fantasma, a la que siempre se vinculó con la denominada “mafia de los medicamentos”, y que ganó una licitación por 2.600 millones de pesos. Dicha adjudicación fue autorizada por Carlos Rosenkrantz, Elena Highton, y el mismo Maqueda, en tanto que Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti no estamparon sus rúbricas en aquel acto.
Además, entre las nuevas cuestiones a investigar aparece la supuesta contratación de un software de geolocalización destinado a ubicar a los dependientes de la citada obra social. Concretamente se apunta aquí contra el Administrador, a quien se le atribuye haber utilizado esa tecnología para controlar a una empleada con la que a su vez mantenía una relación sentimental.
A partir de estas y otra evidencias se han abierto nuevas líneas de investigación que ahora el juez deberá explorar, centrando su atención no sólo en el funcionamiento interno de la obra social judicial, sino también en todo lo vinculado con irregularidades en las contrataciones, en particular, de aquellas empresas cordobesas que directa o indirectamente podrían estar ligadas a Juan Carlos Maqueda, o a su círculo familiar.
No obstante la gravedad de los hechos que son materia de investigación, desde el Palacio de Tribunales rápidamente están tratando de amortiguar los efectos del presente escándalo. Por ello, ya fue designado un nuevo Administrador, y se ordenó la realización de una amplia Auditoría en la obra social que ha quedado en el ojo de la tormenta. Al fin y al cabo, los cortesanos son expertos en estos menesteres.
Aún así, después de la sorprendente y reveladora declaración de Burgos, todo parece indicar que esta investigación podría llegar a provocar mucho ruido en los próximos meses. Seguramente, más ruido que nueces.
Abogado y docente universitario