Desde el Estado Municipal –políticos, funcionarios y burocracia- casi siempre se piensa en “Proyectos en la ciudad”, autorizando zonas de desarrollo, obras viales, infraestructuras, redes de servicios públicos o instalaciones de salud, que carecen de la planificación necesaria para que la sociedad civil y sus organizaciones participen en ella y especialmente en sostener la apropiación responsable de esos recursos urbanos.
La democracia en los Centros Vecinales, es la herramienta válida para que se maximice el resultado y las obras aumenten el capital social, que se construye desde las relaciones, comunicaciones e información horizontal entre vecinos y de éstos con el Estado.
En las grandes ciudades, los Centros Vecinales son instituciones que se asimilan a las Cooperativas de Usuarios y Mutuales en el interior, que crecieron allí donde el Estado y las empresas privadas por décadas no invirtieron. Hoy el gobierno provincial aprovecha esa base organizativa y administrativa para financiar y ejecutar los servicios de última milla de baja escala, con participación de Municipios y Senadores departamentales, que por sí le cuesta ejecutar de forma eficiente, eficaz y transparente.
De todos modos, son evidentes sus diferencias con las Cooperativas de Usuarios, ya que en sus territorios el Estado intervino e interviene con obras, servicios públicos, regulaciones, etc. que no suelen hacerse, prestarse o intervenir en las pequeñas poblaciones por lo que su importancia es suplementaria y no sustitutiva como en las Cooperativas con varios servicios creadas hace varias décadas y son auto sostenibles en la mayoría de los casos.
Quizás por ello, su debilidad es manifiesta desde siempre, en un marco en el que las poblaciones cada vez reclaman más participación, desde ser escuchados hasta otorgar la licencia social de esas intervenciones estatales.
Esa debilidad surge de tres fuentes fundamentales: 1) La política partidaria, 2) La burocracia estatal y 3) La propia debilidad institucional y falta de experiencia de sus dirigentes.
La relación entre los dos primeros, ha sido ampliamente descrita en el campo de la Ciencia Política que señala que la política depende del soporte burocrático, mientras éste reclama constantemente presupuestos y atribuciones en forma acumulativa que le permiten privilegios que a la vista de la población se consideran inaceptables.
Por ello, los Centros Vecinales de las grandes ciudades y en especial en Córdoba, fueron durante décadas, y todavía se mantienen, precarizados, intervenidos y desfinanciados.
En los últimos años, en forma dubitativa e intermitente ha comenzado un proceso de regularización, elecciones y asunción de nuevas autoridades que camina en el sentido correcto pero lentamente y con carencias –personería jurídica limitada, relaciones tributarias con ARCA suspendidas, funcionamiento de cuentas bancarias, etc.- que son condiciones necesarias para administrarlos con eficacia, eficiencia y la transparencia requerida que les permita ganar la confianza de los vecinos, comerciantes, feriantes, etc. que constituyen sus grupos de interés.
Los últimos escándalos en las autorizaciones de bomberos, otorgamiento de licencias de conducir, habilitaciones de espectáculos públicos, delitos de “colaboradores” que actúan como punteros, designaciones sin los recaudos necesarios, etc. han revelado periodísticamente esa realidad que era un secreto a voces.
Los más altos niveles políticos municipales, parecen haber decidido romper ese dejar hacer, dejar pasar y han intervenido en diversos sectores por lo que se puede aspirar a que también ocurra en lo que se refiere a los Centros Vecinales.
Algunos Centros Vecinales se han constituido con participación de una variada gama de representantes partidarios y miembros no políticos, que han priorizado su condición de vecinos por sobre su pertenencia política, religiosa, etc., incluyendo a todos los sectores y a todas las entidades –clubes, comedores comunitarios, de protección de minorías y religiosas, con actividades en el barrio-, orientadas a la participación vecinal.
En otros, los vecinos que asumen responsabilidades vecinales, suelen confrontar políticamente o someterse a los organismos municipales, en un péndulo que les impide asumir sus verdaderas competencias, atribuciones y derechos.
Sus aptitudes como dirigentes requieren de un proceso de aprendizaje que la Provincia ha comenzado junto al municipio en el ámbito de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) con un programa de “Fortalecimiento de los Centros Vecinales para capacitar a autoridades y vecinos de los 355 centros vecinales de la ciudad” (sic), en articulación con Secretaría de Fortalecimiento Vecinal y Deportes, en donde se priorice los intereses de los vecinos por sobre pertenencias políticas y disminuya su dependencia casi exclusiva de fondos municipales.
Por otro lado, el municipio avanza aceleradamente en definir planes urbanísticos de “densificación” que amenazan con la “Gentrificación” que encarece la propiedad urbana y terminan desplazando a los residentes actuales, sin consultar a los vecinos ni sus organizaciones.
También en acuerdos urbanísticos particulares, que otorgan beneficios a privados sin contraprestaciones suficientes que capitalicen la infraestructura común o sin comprometer infraestructuras –redes de agua, pluviales, de cloacas, servicios de recolección de residuos, ambientales, viales, etc.- que prevengan su colapso por la densificación que producen en forma irreversible o desafíen a la naturaleza que suele producir consecuencias catastróficas.
Eso se evitará en la medida que se elimine la ambigüedad de las normas y la arbitrariedad de los políticos en los planes y acuerdos, y de la burocracia municipal en la gestión institucional con los Centros Vecinales.
Solo se podrá obtener la confianza ciudadana y hacer eficaces las normas, si se logran imponer relaciones de cooperación ganar-ganar, evitando las relaciones competitivas o de sometimiento que no crean y a veces destruyen valor.
Ese es el desafío del municipio, para que continúe en este ámbito la tarea que parece haber emprendido para eliminar o al menos reducir el funcionamiento de células enquistadas en su estructura, permitiendo y promoviendo un desarrollo sostenible y transparente de los Centros Vecinales, basado en la soberanía ciudadana y los aproveche para validar sus intervenciones en la ciudad que las convierta en un proyecto integrado.
