A días del decisivo ballottage, la Junta Electoral Nacional advirtió el sábado a los apoderados de La Libertad Avanza (LLA) que no han entregado la “cantidad suficiente” de boletas, y, al mismo tiempo, le pidió a las autoridades del espacio de Javier Milei que “redoblen sus esfuerzos” para cumplir con la provisión que estipula la ley, a fin de evitar problemas y confusiones el día de los comicios, así como futuras denuncias por “fraude electoral”. A través de un Acta, que fuera suscripta por Ramos Padilla, juez federal con competencia electoral; y por el presidente de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, Sergio G. Torres, se puso en evidencia la presentación de fajos “con una cantidad sustancialmente menor de boletas que, en algunos casos, no alcanza a un cuarto de la cantidad máxima sugerida”. Asimismo, los magistrados notificaron que “la cantidad tampoco alcanzaba a cubrir todas las mesas de los municipios, lo que obligó a sacar fajos de las bolsas de contingencia, o inclusive, restarlos de otros municipios, para poder completar las mesas”.
Esta anómala situación se ha presentado en la provincia de Buenos Aires, en CABA y en muchos otros distritos del país. Así, la jueza electoral para la CABA, María Servini, informó que los de Milei entregaron “sólo 100, cuando la mayoría de las mesas tienen 350 electores”. Es por ello que, tratando de deslindar responsabilidades, la Junta Electoral requirió que presentaran más boletas; el plazo para hacerlo venció el sábado, sin que el candidato libertario cumpliera.
Debe recordarse que cada partido o alianza debe entregar un fajo de hasta 350 boletas por cada una de las mesas habilitadas; y dos fajos para el “sistema de contingencia”, por cada escuela donde funcionan hasta ocho mesas, y cuatro fajos en las que haya nueve o más mesas. Cabe aclarar que la distribución de boletas que prevé el artículo 66, inciso 5, del Código Electoral, es una colaboración que presta la Justicia Electoral, por cuanto la provisión y reposición de boletas en las mesas es responsabilidad exclusiva de los partidos, que son los que se encargan de su impresión con los fondos públicos que a tal fin destina el Estado. En esta ocasión, cada partido recibió 258 millones de pesos para la impresión de boletas, según la Dirección Nacional Electoral. Se trata, en definitiva, de la misma cifra que había recibido cada una de las cinco fórmulas presidenciales que compitieron en la primera vuelta el 22 de octubre.
Para Alejandro Tullio, abogado y máster en Derecho Electoral, está establecido que “las boletas de contingencia se entreguen a la Justicia Electoral en los términos que disponga”, para que oportunamente el personal militar y de seguridad pueda reponerlas en caso de que se acaben. Sin embargo, un contrariado Milei afirmó el lunes que no las entregó para evitar que “desaparezcan o sean destruidas”, sembrando así infundadas dudas sobre el accionar de la Junta Electoral y el proceso en su conjunto.
El día de las elecciones generales, desde La Libertad Avanza se informó que habían recibido unas 4.500 denuncias por faltante o rotura de boletas, situaciones que habrían sido solucionadas gracias al trabajo de sus fiscales. Pero la Cámara Electoral Nacional no recibió ninguna denuncia formal proveniente de ese espacio político, ni en la previa, ni en el contexto mismo de la elección, y tampoco durante los días posteriores al acto eleccionario.
Lo que no se sabe es si el líder ultraderechista es conciente de la gravedad institucional que revisten sus declaraciones, preanunciando la existencia de fraude en el ballottage del próximo domingo, sin pruebas ni fundamentos que avalen sus dichos. En los últimos 40 años de vida democrática, desde 1983 a la fecha, nunca se había puesto sobre el tapete el funcionamiento del sistema electoral argentino, un sistema que, hasta ahora, ha demostrado ser confiable y seguro. Es decir, que “tiene legitimidad”, como lo afirma María Celeste Ratto, investigadora del Conicet y especialista en sistemas electorales.
Desde hace algunos años algunas fuerzas políticas de derecha han incorporado la “narrativa del fraude”, para cuestionar la seguridad y transparencia de los procesos electorales. “El objetivo es abrir un interrogante sobre los resultados electorales”, que después no puede ser confirmado. “Como si fuese una caja de Pandora que se basa en cuestiones genéricas e indeterminadas”, se genera la duda y luego no hay forma de satisfacer la curiosidad, según lo explica Alejandro Tullio. Y como la duda ya está instalada en la sociedad, entonces todo el proceso queda bajo un difuso manto de sospecha.
Esta narrativa, peligrosa e irresponsable, es un fenómeno que trasciende épocas y también fronteras. De hecho, recientemente se dio en Brasil (con Bolsonaro), en México, Colombia y Bolivia, entre otros países de la región donde se ha presentado con mayor intensidad. E incluso en EEUU, cuando Trump (en noviembre de 2020) intentó infructuosamente obtener su reelección.
La estrategia es siempre la misma: se denuncia preventivamente fraude, sin fundamento alguno, antes de que se lleven a cabo las elecciones. Luego, se cosecha el rédito por ambas bandas: si obtienen la victoria, los denunciantes han vencido a la maquinaria del fraude electoral; y en caso de derrota, no la reconocen y se muestran como víctimas de un sistema fraudulento.
Desde nuestra perspectiva, el relato del fraude, que implica la instalación mediática de la duda sin tener su correlato en denuncias concretas, jaquea nuestras instituciones republicanas y lastima severamente el debate democrático.