En la última semana, un maremoto movilizó las escurridizas arenas de la política provincial, y el absolutismo que pretenden instalar en Córdoba se hizo sentir. Con un inusitado apuro ingresaron a la Legislatura el nuevo Presupuesto, y las modificaciones al Código Tributario, con algunas cláusulas llamativas que contribuyen a este diseño monárquico, otorgando más facultades y ensanchando el objeto de algunas Agencias, zigzagueando controles. Con la creación y prórrogas de distintos fondos (más de ocho), en los cuales le cobran a la gente, aplicando distintas y mayores alícuotas sobre diversos impuestos, recaudando más pero no coparticipando con nuestros municipios, atropellando las autonomías municipales y no ejerciendo en su propio territorio el federalismo que tanto reclaman a los pituquitos de Buenos Aires. Gravan con ingresos brutos el consumo de agua, la generación de energía, los contratos de compraventas de granos en estado natural; además de introducir un tope al impuesto inmobiliario con el índice Ripte, generando un aumento automático de las boletas, asfixiando a todos aquellos cordobeses que viven en la informalidad o por debajo de la línea de la pobreza, instalando una automaticidad que no se condice con la realidad de muchos sectores, y que agudizará la desigualdad.
El oficialismo también envió a la Unicameral un peligroso proyecto para modificar la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, pretendiendo avanzar sobre su esencia misma. El TCP Fue incorporado en nuestra Constitución de Córdoba en 1923 y modificado en 1987, buscando un órgano que controlara los recursos del Estado y se focalizara en el control preventivo de los caudales públicos, estando así reflejado en nuestra Constitución Provincial en el art. 126-127 inc. 2 una de sus facultades “la intervención preventiva en todos los actos administrativos que dispongan gastos”. Este organismo es un mecanismo de control, un filtro imprescindible, una alarma necesaria que forma parte del imperioso contrapeso inherente al equilibrio republicano con el que debemos avanzar. Su existencia y actual disposición contribuye a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Qué cordobés aprobaría que no se controle al Apross, o que no tengan control los viajes en avión de funcionarios o la compra de combustibles? Un Gobierno sin control es un gobierno corrupto. Durante 24 años no modernizaron ni agilizaron los procedimientos, hoy a menos de un mes de asumir la nueva integración, con mayoría de la oposición (así lo votó el pueblo), se resisten y llegaron los cambios.
Al mismo tiempo, los oficialistas enviaron otro proyecto para crear una nueva agencia, Agro Córdoba. Así, seguimos ensanchando el Estado, creando estructuras y aumentando gasto público, contra los pronósticos y el sentido común que pretende eliminar la casta política. Casi un Estado paralelo conformado por ochos agencias. La coherencia entre lo que se declama y lo que hace este Gobierno sigue siendo una melodía de entendidos.
Córdoba, la Docta, cuna de universidades, semillero de tantos talentos, esta Córdoba que nos hinchaba el pecho de orgullo, la distinta, la singular, esa isla que se prestigiaba con aciertos y que no paraba de avanzar, esa Córdoba impregnada de éxitos y plagada de potencialidades, esa Córdoba pujante, hoy ya no parece tener el mismo brillo.
Sus calles y sus rutas duelen. Cada estrella pintada refleja una vida menos… los números por accidente de tránsito son estremecedores. No hay políticas preventivas que apunten educar, sólo se busca recaudar. Seguimos con emergencia sanitaria, ¿y la emergencia vial?
Sus barrios inseguros, también duelen, los cordobeses caminamos con miedo, porque los policías no llegan a cuidarnos y los autos del municipio no pueden impedir que la realidad se imponga con crudeza y reine la violencia extrema, contando muertes que se transforman en números, y que luego integran una estadística insensible a la que nos hemos acostumbrado.
¡Qué decir sobre nuestra querida y devaluada Justicia! A ella le dedicaré mi próxima nota, pues su importancia y trascendencia lo amerita.
Montesquieu publicó “El Espíritu de las Leyes” en 1748, abogando por la separación de poderes, como un principio fundamental de la organización política de un Estado. En su obra, argumenta que la concentración excesiva de poder en una sola institución o persona podría conducir a la tiranía y al abuso. Hace más de 200 años ya advertían de lo peligroso que podría ser la cooptación y el avasallamiento. Por eso advierto y alerto a la ciudadanía que, hace unos años y en medio de una pandemia, ingresó, entre gallos y medianoche, la modificación a la Caja de Jubilaciones, que terminó castigando el bolsillo de nuestros cordobeses. Ahora un nuevo paquete de leyes vuelve a ingresar con la misma sospecha, pero frente a una ciudadanía que ya no tienen margen, que ya no resiste otro embate.