A 73 años de que las mujeres argentinas puedan votar y ser elegidas por primera vez, hoy constituyen una minoría en los lugares de poder, aun siendo mayoría en términos demográficos. La ausencia de experiencias femeninas en los puestos de liderazgo provoca perspectivas sesgadas en la construcción de diagnósticos y ejecución de planes y programas que a su vez jerarquiza las prioridades institucionales y políticas en función de la mirada masculina primordialmente.
Por eso desde Grow- género y trabajo acompañamos en transversalizar la perspectiva de género y diversidad en organizaciones públicas, privadas, cooperativas, comunitarias, para derribar los mitos que asocian lo masculino con el poder y el liderazgo, y transformar la cultura organizacional para que la diversidad que somos permee en los espacios de forma tal que a su vez se construya una red de oportunidades sin preferencias o prejuicios de género.
En nuestra experiencia identificamos que no basta con capacitarse, tener empatía, escuchar y preguntar para transversalizar la perspectiva DEI (diversidad, equidad e inclusión), sino que es fundamental la primera persona para poner su perspectiva de mundo. Comprobamos también que sin un trabajo reflexivo los privilegios son invisibles para quien los tienen y se cae en razonamientos meritocráticos que naturalizan la segregación de grupos sociales específicos.
Cuando la democracia dejó de ser masculina
Recorrer la historia de las mujeres permite visibilizar los procesos de exclusión, estereotipación y confinamiento en el ámbito doméstico: Las mujeres no podían tener propiedades ni derechos sobre los hijos; no se les permitía estudiar o solo en temas considerados femeninos como coser y bordar; el matrimonio era la vía cuasi obligatoria de salvación de la pobreza. Más bien el único destino de las mujeres era ser madre. Las mujeres tampoco podían votar ni ocupar cargos públicos, por lo cual fueron varones (cisgénero, blancos, adultos, propietarios, sin discapacidad) quienes tomaron las decisiones importantes en el momento histórico de la construcción de la identidad nacional y la ciudadanía en el naciente Estado nación argentino.
En 1926 la ley Nº 11.357 igualó los derechos civiles para mujeres y varones mayores de 18 años Sin embargo, no se avanzó en concretar los derechos políticos sino hasta 1947.
Es interesante conocer los argumentos que se expusieron en contra del proyecto: «¿Acaso sueñan con una mujer presidente de la nación? ¿Cree usted que una mujer puede estar en un recinto presidiendo un debate como éste?», «El voto femenino debería ser optativo,», “Como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales, yo me pregunto entonces, para que otorgar igualdad política a dos seres que no lo son”. Los fundamentos en contra del voto a las mujeres se tornan preocupantes cuando notamos que al día de hoy se siguen escuchando las mismas afirmaciones que, si bien aggiornadas a cada contexto, todas tienen como denominador común el determinismo biológico, es decir, la creencia de que la diferencia sexual biológica asigna roles sociales diferentes, donde lo masculino es superior a lo femenino.
Sin Julieta no hay ciudadanía femenina
Julieta Lanteri nació en Italia en 1873 y se mudó con su familia a Buenos Aires a los 6 años. Fue la primera estudiante mujer en las aulas del Colegio Nacional de La Plata. En 1889 fue la tercera mujer en graduarse de la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Impulsó el 1er Congreso Femenino Internacional, realizado en Buenos Aires en 1910. Al ser mujer italiana, la Facultad de Medicina le rechazó su solicitud para ser adscripta en la cátedra de enfermedades mentales. Es así que comenzó los trámites de nacionalización donde exigió que además de los derechos civiles también se le reconozcan los derechos políticos. Luego de instancias judiciales, se convirtió en 1911 en la primera mujer ciudadana y la primera que votó en Argentina.
A pesar de su antecedente, se excluyó a las mujeres del voto cuando se sancionó en 1912 la Ley Sáenz Peña que estableció el “voto secreto, universal y obligatorio”. Las mujeres quedaron por fuera de lo “universal” ya que se dispuso que el empadronamiento para votar se realizaría con quienes estaban inscriptos para el servicio militar (que era para varones casualmente).
No alcanza con proponer, hay que decidir
La sociedad civil, las ONGs, los partidos políticos, universidades, movimientos sociales, vienen proponiendo y ejecutando una agenda en pos de garantizar la equidad de género. Aun así son preocupantes las cifras de participación de mujeres en cargos políticos. Como indica la Plataforma Mujeres en el Poder de ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, en el Gabinete Nacional representan un 38,5%, en la Corte Suprema de Justicia el 0%, en el poder legislativo un 45,8% (vale recordar que tenemos una ley de cupo de género del 50%). En las empresas sólo el 29% de mujeres ocupa puestos directivos (Women in Business 2023).
No alcanza con declamar, exigir, proponer; es necesario decidir. Si no hay mujeres en los ámbitos de poder pierden peso las urgencias por terminar con la violencia doméstica, la carga de cuidados, la feminización de la pobreza. Por eso, desde nuestro espacio alarmamos sobre el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el vaciamiento del presupuesto, la derogación de la resolución que exigía paridad de género en empresas y asociaciones civiles, por lo cual ya no será necesario rendir la información y no se tendrán datos de composición genérica para poder programar las acciones en pos de los objetivos por la equidad de género.