Gonzalo Banda, destacado analista político de Arquipa, Perú, dice una gran verdad: “Hay dos momentos en los que a Lima le preocupa la radicalidad en las regiones y, especialmente, en el sur: en elecciones y en protestas sociales”. Le añadiría: en el primer caso, en las elecciones, los candidatos llegan con promesas que luego las incumplen con la misma rapidez con las que prometieron; y la segunda, se interviene cuando los conflictos han escalado en intensidad y se ven obligados a firmar actas de compromiso para ejecutar obras, transferir recursos, prometer proyectos sociales que luego no los cumplen, o los cumplen parcialmente, o muy tarde.
Ahora, nuevamente el sur andino está en el centro del interés del gobierno nacional, de las bancadas legislativas, de los líderes de opinión de la derecha y de la gran prensa. De pronto, los noticieros han puesto en el centro de todos sus miedos atávicos a los puneños, a los aymaras (los acusan de bolivianos que pretenden dividir el Perú), a los cusqueños, andahuaylinos, arequipeños, abanquinos, ayacuchanos, tacneños. A todos ellos los califican como parte de una gran conspiración contra el Perú. Les han dicho (y les dicen) de todo; ahora todos ellos son estigmatizados, como los fueron antes los ayacuchanos, en las décadas del conflicto armado interno de los 1980 y 1990 de Sendero Luminoso, por actuar este grupo terrorista en Ayacucho.
Se les ha criticado que sus demandan “Que se vayan todos, cierre del Congreso, Asamblea Constituyente”, son maximalistas, intransigentes, que imposibilita el diálogo. Pero, aclaremos: la otra demanda maximalista e intransigente es de aquellos que sostienen que no hay nada que dialogar, y se mantienen en su terca y obstinada posición de continuar con sus reformas políticas, con las que piensan, por un lado, mantenerse hasta 2026, asegurarse la reelección, la aprobación del Senado y, por supuesto, cerrar todos los caminos hacia una mayor democratización del Estado peruano, como las trabas que se han impuesto a la convocatoria de referéndum constitucional.
¿Es posible llegar a puntos de encuentro? Considero que sí. Pero el tema es comprender la naturaleza del conflicto y las razones por las que la población ha tensado al extremo sus fuerzas y entregado una enorme cuota de vidas nunca vista en estas dos décadas.
Es obvio que estamos ante una demanda política de los pueblos del sur, que han fortalecido su identidad en el desarrollo del conflicto social. Frente a ellos, lo que vemos, con estupor, es la lectura que desde los grupos de poder político, económico y mediático hacen de esta movilización. Creen que el problema es más bonos de solidaridad, más ayuda social, más promesas de inversiones públicas. No es la primera vez que ofrecen dádivas y bonos: recordemos los miles de millones que se les ofrecieron en las mesas de diálogo.
Tratar de centrar el diálogo en esos puntos es cometer un grave error; es no entender que el problema es político, que la agenda política que están proponiendo son reformas del Estado, pero con la participación de sus representantes gremiales y políticos.
Más claro aún, lo que están planteando es que toda reforma política que defina la naturaleza del Estado tiene que ser debatida, o -por lo menos- consultada con nosotros.
El grito de la calle, el enardecimiento de pobladores de distintas condiciones en el sur andino de “¡Nueva Constitución!” debe ser leída en ese sentido: en la búsqueda de producir reformas políticas con la participación del pueblo, de sus organizaciones, de sus líderes.
No entender esta demanda y cerrar toda posibilidad de diálogo respecto a esta agenda es lo que ha producido esta crisis, y lo va a sostener durante décadas con la consecuencia de consolidar un país fragmentado, irreconciliado. Por el contrario, lo que vemos, con asombro, es que las bancadas legislativas de la derecha, que ha perdido legitimidad, han venido aprobando reformas conservadoras, cerrando la participación democrática de la población a decidir su destino; y se proponen hacer reformas a su medida para luego garantizar la continuidad de la dominación del centralismo sobre las regiones.
¿Es posible construir bases para el diálogo con los pueblos del Sur Andino? Claro que se puede y se debe. Pero eso pasa por reconocer que lo que está en el centro del conflicto es una cuestión de poder; vale decir, de las reformas que el Estado Peruano requiere, por el debate sobre un nuevo consenso en el equilibrio de poder en los cuales el pueblo exige participar. Exige, asimismo que se les considere como actores políticos e interlocutores válidos a los gobernadores regionales y las autoridades municipales recientemente elegidos, con los cuales establecer las bases de una agenda política de reformas, y en donde se incluya al pueblo movilizado, a sus organizaciones y líderes como actores políticos con los cuales dialogar. Obviamente esta tarea rebasa el tiempo de las elecciones. Es una agenda de mediano plazo, pero cuyas bases deben sentarse ahora. Debemos tomar en cuenta que lo que está en construcción son las bases para fortalecer la democracia peruana y la participación popular en las decisiones fundamentales de la política. Y eso se hace con la participación del pueblo y sus organizaciones de base, nada sin ellos.