En la etapa final de su segundo mandato presidencial, Sebastián Piñera fue sometido a juicio político. El hecho es histórico porque hacía más de tres décadas que no se activaba en Chile este procedimiento, previsto en su Constitución para destituir al Presidente de la Nación. Esta no es la primera vez que Piñera afronta la posibilidad de ser enjuiciado políticamente, ya que, a fines del año 2019, tras el estallido social de octubre, se había presentado una acusación en su contra que, sin embargo, no prosperó al no haberse alcanzado la mayoría de 78 votos que se requiere en la Cámara de Diputados.
En esta ocasión se le reprocha al primer mandatario chileno supuestas irregularidades cometidas en la venta del megaproyecto vinculado con la minera “Dominga”, ubicada en la región de Coquimbo, en el desierto de Atacama, un lugar que es calificado como un “tesoro natural” de biodiversidad por el académico Carlos Gaymer, de la Universidad Católica del Norte. En tanto, para Matías Asún, director de Greenpeace Chile, autorizar una explotación minera en esa área constituye “un verdadero crimen medioambiental”, equivalente a “colocar una discoteca en una sala de maternidad”.
Concretamente, este proyecto prevé la explotación a cielo abierto de yacimientos de hierro y cobre, con una inversión de 2.500 millones de dólares, según informa la compañía propietaria Andes Iron en su página web. Además del tremendo impacto ambiental que provoca, el proyecto está salpicado por sospechas de corrupción, por cuanto en el año 2010 los hijos de Sebastián Piñera vendieron la minera “Dominga” a un amigo íntimo del Presidente, el empresario Carlos Alberto Delano, en una operación multimillonaria concretada en un paraíso fiscal (las Islas Vírgenes británicas), que posteriormente salió a la luz en el marco de los denominados “Pandora Papers”.
La oposición había presentado la acusación contra Piñera el día 13 de octubre. El documento en cuestión, que fuera suscripto por todos los representantes de la izquierda y la centroizquierda chilena, se basa en dos capítulos acusatorios. El primero, por haberse vulnerado el “principio de probidad” y el derecho a vivir en “un medio libre de contaminación”; y el segundo, por hallarse gravemente comprometido “el honor de la Nación”.
La Cámara de Diputados trató la acusación el lunes 8, en una maratónica sesión que se extendió durante casi 24 horas. El histórico debate principió a las 10:30 del lunes, con la intervención del diputado Jaime Naranjo, representante del Partido Socialista, que había preparado un discurso de 1.300 páginas para fundar la respectiva acusación. Naranjo leyó el voluminoso texto durante 15 horas, prácticamente sin detenerse, a excepción de dos breves pausas de 15 minutos cada una, con el deliberado propósito de retrasar la votación y permitir así que los diputados opositores Jorge Sabag y Giorgio Jackson pudieran participar de la sesión.
Como se sabe, ambos legisladores estaban cumpliendo las últimas horas de su aislamiento obligatorio. Jackson, por haber estado en contacto estrecho con Gabriel Boric, el candidato presidencial que en plena campaña contrajo Covid-19. Su período de aislamiento terminaba el lunes, de modo tal que si la sesión se prolongaba hasta el martes podría concurrir a votar. A su vez, Sabag estaba a la espera de los resultados de un examen de PCR que finalmente dio negativo.
Y si bien es cierto que la oposición cuenta con mayoría en la Cámara baja, aquel lunes no estaban garantizados los 78 votos que se necesitan para aprobar el juicio político contra el Presidente chileno, por ello resultaba imprescindible extender la sesión hasta el día martes. “Hablaré todo el tiempo que sea necesario”, anticipó Naranjo desde su cuenta de Twiter, y vaya si lo cumplió el diputado socialista, quien debió ser revisado por un médico durante el transcurso de su alocución.
La estrategia de Naranjo generó malestar en la bancada oficialista, que lo acusó “de estar utilizando una institución de la República de manera bastante patética”, y de infringir dos artículos del Reglamento que rige los debates. Por ello anunciaron que lo denunciarían ante la Comisión de Ética de la Cámara baja, según adelantó el diputado Sebastián Torrealba (de Renovación Nacional) en conferencia de prensa.
Después de Naranjo tomó la palabra Jorge Galvez, abogado que representa al Presidente en este juicio, quien desplegó durante cinco horas su defensa ante la Cámara. “Piñera no ha ejecutado acción ni hecho gestión alguna, en su primer ni en su segundo gobierno, en relación a la minera Dominga”, afirmó el letrado en su alegato defensivo, tratando de eludir la responsabilidad del empresario que preside los destinos del país trasandino.
Finalmente, se produjo una ronda de acotadas intervenciones (de tres minutos cada una) tanto de legisladores oficialistas como opositores, Y ya en horas de la madrugada pudieron ingresar al recinto los diputados Sabag y Jackson, lo que aseguró el triunfo de la oposición al momento de votar.
De esta manera, tras la aprobación de Diputados la acusación pasó al Senado, que es la Sala que está facultada para juzgar. El martes 16 se ventiló el proceso de juicio político ante la Cámara alta, que cuenta con 43 integrantes en la actualidad. La suerte de la acusación estaba echada desde que comenzó la sesión, puesto que se necesita una mayoría especial de dos tercios (29 votos) para destituir del Presidente y como la oposición cuenta con 24 senadores, se debía convencer al menos a cinco representantes del oficialismo para que prospere el juicio político, algo muy difícil de lograr y que en definitiva no ocurrió.
Durante la mañana, una Comisión compuestas por tres diputados había expuesto sus argumentos a favor de la moción de destitución. Empero, con un oficialismo férreamente abroquelado en defensa del jefe de Estado, el Senado rechazó ese mismo día, a última hora y en previsible votación (24 votos a favor, 18 en contra y una abstención), la acusación constitucional contra Sebastián Piñera.
Por muy poco Piñera evitó esta vez ser destituido y además quedar inhabilitado para ejercer la función pública durante cinco años. Una votación favorable, eventualmente, hubiese dado lugar a la formación de un Gobierno de transición, encabezado por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, hasta que el Congreso eligiera por mayoría absoluta de votos a un nuevo Presidente que completara el mandato hasta marzo del año próximo. Pero lo que no pudo evitar es ser el primer Presidente chileno sometido a juicio político en 31 años de postdictadura.
Sin dudas Chile se ha despertado y desde el año 2019 no ha dejado de generar acontecimientos políticos de suma trascendencia institucional. Y ahora, a días de las elecciones presidenciales, con el país que atraviesa un nuevo pico de tensión y se encuentra en “estado de excepción” debido al enfrentamiento con las comunidades mapuches en la región sur, el Senado decidió la continuidad de la actual gestión presidencial, una gestión que sin embargo quedó muy debilitada y menguada en su legitimidad política.
En rigor de verdad, es el pueblo chileno el que ha despertado y marcha con convicción a reencontrarse con su propia historia para así construir las bases edificantes de un futuro diferente, claramente superador de la situación presente. Y ya se sabe lo que sucede cuando un pueblo despierta…
Abogado y docente universitario