Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su momento recusó al juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, en el expediente por el que lo investigaba por supuesto “enriquecimiento ilícito”. En setiembre de 2021, la Cámara Federal de Rosario le dio la razón al juez Rodríguez y lo ratificó en el cargo para continuar la investigación. El presidente de la CSJN recurrió entonces a los tribunales de Comodoro Py y la Cámara de Casación Penal (Sala I) sacó del caso al juez, tal como lo requería Rosatti. Ahora, la causa quedó cerca del archivo, ya que el fiscal Onel «solicitó que se declare extinguida por prescripción la acción penal» contra Rosatti, y «se decrete su sobreseimiento» por «los hechos denunciados, entre diciembre de 2003 y diciembre de 2007 y se disponga el archivo de la causa”.
O sea, se ha dilatado por más de cinco años el análisis de los hechos por lo que era investigado el presidente de la CSJN, y en virtud de la recusación del juez actuante en la investigación a la que estaba sometido se logró el tiempo necesario para poder salir sobreseído por prescripción.
Lo sucedido, en sí mismo, descalifica moralmente a Rosatti, por ser el máximo referente del poder judicial argentino. Él tenía el deber de haber aclarado su situación penal, con urgencia, y aportar prueba de su inocencia para salir, en tal caso, sobreseído, como cualquier ciudadano, y no conseguir su impunidad por el mero transcurso del tiempo trabajando a su favor con los diversos planteos buscando apartar al juez Rodríguez.
Asimismo, Rosatti, ex convencional constituyente de 1994, por el Decreto 83, del 14 de diciembre de 2015, del ex presidente Mauricio Macri, fue designado “en comisión” miembro de la Corte. El aceptar la designación y pretender asumir, desde la irregularidad de su nombramiento, en contra de lo dispuesto por la Constitución Nacional, descalificaba al nombrado, ya que él sería uno de los que deberían aplicar luego, en última instancia, la Constitución y las leyes, que él comenzaba por no respetar. El acuerdo del Senado de la Nación recién lo obtuvo seis meses después. La descalificación ética de la actitud de origen, sin embargo, no hizo mella en la vocación de poder del designado.
Después, en un movimiento interno en el Tribunal, armado por el presidente saliente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, se llevó a cabo la elección de presidente de la CSJN, acto éste en el que no participaron dos miembros de los cinco. Con el voto a sí mismo, Horacio Rosatti resultó designado como presidente por tres años.
Tenemos que reparar, además, que la elección de un presidente de la Corte no podría decidirse entre tres, con la ausencia de los otros dos miembros, con todas las consecuencias que trae institucionalmente en el tribunal y en la estructura de gobierno republicano. El presidente de la Corte, además de manejar la circulación de las causas, integra la línea de sucesión presidencial en caso de acefalía, y preside la Cámara de Senadores si hay juicio político al Presidente (art. 59, CN).
Después, Rosatti firmó el reciente fallo de la CSJN, del 16 de diciembre de 2021, en el que se declaró la inconstitucionalidad de la ley 26.080, después de 16 años. Entre las particularidades de la sentencia, el nuevo Consejo de la Magistratura de 20 miembros que se ordena constituir, lo presidirá el mismo. O sea, se auto eligió nuevamente, pero esto último, asumiendo la Corte facultades legislativas que no le cabían. Porque una cosa es declarar inconstitucional una norma y otra muy distinta es reflotar y dar vida una norma derogada, como la anterior Ley 24.937, que establecía que la presidencia del Consejo la tenía el presidente de la Corte.
A su vez, cuando el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, ante una sentencia inconstitucional por haberse la Corte arrogado facultades legislativas, paralizaba la ejecución de la misma en una resolución perfectible, Rosatti no sólo declaró nulo el fallo, sino que denunció al juez por mal desempeño, para que se le inicie juicio político en el Consejo de la Magistratura. O sea, como juez de la Corte le revocó el fallo al juez, y luego lo sometió a él mismo, presidiendo el Consejo. Era un mensaje para disciplinar al resto del Poder Judicial.
Así, el 16 de abril de 2022, al no haber nueva ley y cumplirse los 120 días, Horacio Rosatti tiene la suma del poder público judicial, porque rompe el equilibrio de los poderes y, sin aval democrático alguno, decide sobre los destinos del país. Además, viola la independencia del poder judicial: ahora a un juez se le puede revocar su resolución y también se lo puede someter a juicio político presidido por quién le revocó su fallo.
Estamos ante un grave retroceso institucional, casi al borde de lo que dispone el artículo 29 de la CN, que dice, que no cabe que una persona pueda tener “supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden” a su merced. Y aquellos que lo consientan quedan sujetos “a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
Ante este diagnóstico, para empujar el mejoramiento en el funcionamiento de la CSJN, de trabarse por la oposición una reforma urgente, sería importante, en función del artículo 7 de la ley 25.432, convocar por el Presidente a una consulta popular, para que el pueblo decida si desea que los actuales integrantes de la Corte merecen seguir en sus funciones y dar opinión sobre las reformas necesarias en el máximo tribunal.
Abogado constitucionalista