Sr. Director:
En la jerga económica, un monopolio conlleva una situación de privilegio legal, en la cual existe un agente con gran poder, que es el único que tiene un “producto”, bien, recurso o servicio determinado y diferenciado. La realidad nos informa que, en Córdoba, hay sólo dos jueces federales que deben resolver los potenciales conflictos judiciales de más un millón y medio de almas. Indiscutiblemente, el dato describe un panorama democrático e inequitativo nada envidiable.
Este escenario empeora si hilamos fino, porque son esos dos mismos jueces federales quienes atienden los asuntos penales, civiles, comerciales, laborales, previsionales y constitucionales que, potencialmente ese millón y medio de habitantes necesita resolver. Recordemos que los jueces federales de Córdoba, además, son “multifuero”, sin olvidar que el promedio de permanencia que tienen en el cargo, supera los 30 o 35 años.
No se cuestiona aquí el rol constitucional del Poder Judicial de la Nación como “monopolizador” de la administración de justicia, sino la mala calidad institucional de la justicia federal cordobesa. Si nos jactamos de ser una República; a la Justicia como poder del Estado no puede exigírsele menos que sea democrática, ágil y eficiente. Pues, en Córdoba eso no ocurre: no ocurre desde siempre, y parece que no ocurrirá jamás. El remedio a este mal no está en puerta.
En un mundo ideal, donde la voluntad, el criterio personal, las simpatías políticas ni la subjetividad de los jueces interferirá en sus fallos, que haya dos, tres o veinte magistrados en ejercicio, desde lo objetivo nos daría igual, y la queja como usuarios se centraría en la “velocidad” del servicio de justicia que prestan. Pero, así como los Reyes Magos son los padres, en la práctica, hay tantas interpretaciones de la ley y de los hechos como jueces en ejercicio.
En un sistema legal donde cada juez es autónomo por naturaleza y no debe ceñirse a los que deciden sus superiores o sus colegas en casos análogos, y que el criterio uniformador de la Corte, a veces llega después de largos años de indefiniciones políticas -en materias controvertidas-, en ese “mientras tanto”, esa diversidad de criterios judiciales, de compromisos y puntos de vista es, sin dudas, la que nutre el sistema, lo que hace evolucionar la jurisprudencia y resulta útil al fin del justiciable, acorde su necesidad de justicia.
En Córdoba, por lo descripto, tal diversidad no existe, y en los Tribunales de la calle Concepción Arenal sus dos jueces ejercen un monopolio en la interpretación de las leyes, tanto en los asuntos cotidianos como en los urgentes y candentes, como el DNU 70/23.
Según el juez que resulte sorteado, sin indagar demasiado ni ser vidente, no adelanta en qué sentido será su fallo, que será por “blanco o negro”, y desde la época del “juez atrincherado” a la fecha, poca chance de flexibilidad existe en la posibilidad de la rectificación o de reflexión de los fallos de primera instancia.
La centena de planteos formulados por todos los sectores, bien intencionados e interesados en democratizar la justicia federal cordobesa, caen constantemente en saco sin fondo. Quienes litigamos en esos Tribunales Federales lamentablemente conocemos de primera mano lo antes descripto, además de la creciente mora judicial.
El monopolio conlleva una posición de privilegio, de poder, en la cual un agente es el único que tiene ese servicio, prestación, o producto, lo comercializa cuando y como quiere; algo muy parecido a la Justicia Federal cordobesa.
Karina Zeverin