El sistema republicano de gobierno adoptado por la Argentina, se presenta como el modelo óptimo para un Estado y, como sabemos, la división de poderes del filósofo francés Montesquieu desarrollada en su libro “El espíritu de las leyes” identificó a los tres como: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Estos conceptos básicos no son cuestionados, como tampoco la lógica conclusión de que, si uno de los poderes no funciona correctamente o “se paraliza”, corre riesgo la vigencia del equilibrado contralor que los poderes están destinados a ejercer entre sí.
En lo político, este es el resultado, sea por la injerencia de un poder en la competencia específica de otro (como se leyó la pasada semana tan ajetreada a nivel nacional) o el mal funcionamiento -moroso, advenedizo, errático- de alguno de ellos.
Desde lo funcional propiamente dicho, el mal funcionamiento de uno de los tres poderes lesiona automáticamente la protección ciudadana que el sistema está destinado a brindar, consecuencia directa del equilibro que antes describimos como eje del sistema republicano de gobierno.
Pues bien, cada poder del Estado tiene un mecanismo de ejecución de sus funciones trazado, desde los principios rectores de la Carta Magna, hasta las instrucciones emanadas de sus órganos o instancias internas, en el caso del Judicial son los acuerdos y acordadas. Hasta aquí, la teoría impecable y muy sencilla de comprender.
Haciendo un racconto histórico, decimos que tras la pandemia y siguiendo el derrotero que marcó la digitalización del Poder Judicial de la Nación, la necesidad, la globalización y las nuevas formas de comunicarnos, el Poder Judicial de Córdoba, con la idea-propósito de aggiornarse y agilizar su desempeño, digitalizó tanto su base de datos (demandas, denuncias, y sus respectivos respaldos documentales preexistentes desde antaño) como su forma de receptar peticiones ciudadanas e impartir justicia. La conocida “barandilla” desapareció como tal y ésta se convirtió en “virtual”, el expediente papel, en una serie de archivos con adjuntos y firma digital.
La mentada modernización consistió en más que la compra de tecnología y la contratación de empresas especializadas, sino que cambió el modo de trabajar de un poder del estado, el Judicial.
Esta “justicia digital” pretendió ser más ágil y transparente para abogados y ciudadanos. Para recibir con fanfarria al “primermundismo” se encomendó a prestigiosos publicistas la elaboración de slogans de marketing tales como, “Justicia cerca”, por ejemplo.
No obstante, tras el ataque a la base de datos del Poder Judicial y la inutilización de su sistema de funcionamiento, en rigor de verdad, lo que se anuló y dejó “fuera de línea” fue a la Justicia misma, y con ello, además se evidenciaron falencias gravísimas que afectan directamente a la noción de República y más concretamente a la garantía de acceso de los ciudadanos a peticionar ante las autoridades, judiciales, en este supuesto.
Esta interpretación de las consecuencias del “ciberdelito” parece haber pasado inadvertida para todos, ya que la información oficial se limitó a dar fechas, algunas precisiones-imprecisas sobre el restablecimiento de lo que parecía ser solo una “web”, con tanta ligereza que se interpretó como si se hubieran robado los datos de un Banco o entidad sin una función social tan específica y trascendente.
De hecho, el sábado 13 de agostos de 2022 cuando la nefasta novedad ya no pudo ser acallada, se informó desde la cuenta oficial de la red social Twitter de la Justicia de Córdoba que “El Poder Judicial de Córdoba ha recibido ayer un ciberataque que ha comprometido la disponibilidad de sus servicios informáticos. Desde ese momento personal especializado se encuentra trabajando con el fin de normalizar la situación”. Alguna fuente más seria aclaró: “Puede tratarse del peor ataque en la historia a instituciones públicas”.
Pero, ¿Por qué es tan dañino el ciberataque al Poder Judicial de Córdoba y merece la atención de todos? Primero, porque demostró la vulnerabilidad del funcionamiento del servicio de justicia, que no tenía previsto un plan B ante un hecho tan esperable como un “hackeo” y, segundo, porque dejó literalmente, sin justicia a una provincia entera tras el clic de un delincuente.
Este hecho generó la pérdida objetiva de derechos de personas que dependen de la justicia, a su “público cautivo”, es decir a cada ciudadano que alguna vez hizo una presentación o pedido ante los Tribunales de Córdoba, y a los abogados cuya única fuente de ingresos la constituyen sus honorarios, no así a los integrantes de ese Poder que por dos semanas siguieron percibiendo sus haberes.
En estos más de 12 días inhábiles, que en la jerga se traducen como “días inútiles” y equiparables a la Feria- vacación- Judicial, incontables casos de injusticia y mora llegaron a conocimiento de colegas y medios; menores no pudieron percibir sus cuotas alimentarias judicializadas, detenidos -con condena cumplida-continúan privados ilegítimamente de su libertad, personas incapaces o ancianas bajo curatela no obtuvieron el cuidado que debían, no se libraron medidas cautelares, algunos tratamientos médicos fueron demorados, operaciones inmobiliarias quedaron truncas, adopciones sin concretar, denuncias sin investigar y así, todo tipo urgencias sin atender.
Este estado límbico persiste hasta la fecha. Ahora, tras el restablecimiento gradual del único sistema por el cual se pueden hacer peticiones a los jueces y el único lugar donde está “alojada” esa información, debemos preocuparnos como comunidad jurídica y sociedad toda de conocer qué pasó con los datos sensibles que contenía la plataforma hackeada. ¿Existen aún en su totalidad?, de lo contrario ¿hay forma de reconstruirlos asegurando su inalterabilidad? ¿Quién tiene los datos tuyos, míos y qué uso les dará? ¿Por qué se atacó esa base? ¿Cuánto demorará que el sistema de recepción y envío de peticiones recupere su total funcionalidad?
¿Por otro lado, tomaremos como “garante” serio de tan importante información a la misma fuente que nos aseguró que el sistema era inviolable? Personalmente no y para muchos tampoco existen garantías.
Todos tenemos derecho a ser parte y estar informados del estado de la investigación de este ciberdelito y a que se tomen en consideración estos interrogantes porque, de las consecuencias de que un poder del Estado haya sido puesto “fuera de línea” es víctima toda la ciudadanía.