La agenda securatista que impulsa el gobierno nacional para posicionarse de cara a las elecciones presidenciales de este año incluye la puesta en marcha del “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil” que se aplicará a los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 años. Sin embargo, especialistas dudaron, en las últimas horas, de la efectividad de la iniciativa para combatir la inseguridad.
El proyecto de ley anunciado días atrás por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya está listo y será enviado al Congreso de la Nación en las sesiones extraordinarias que convocará el presidente Mauricio Macri. Contempla, entre otras cosas, que los delitos cometidos por adolescentes mayores de 15 y menores de 18 sean reprimidos con una pena máxima de 15 años. La iniciativa prevé un criterio de escalas por edad: a los 15 años, los adolescentes serán imputables únicamente por delitos considerados graves (homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego) y entre los 16 y los 18 años, serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión sea igual o menor de tres años. No obstante, podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima, igual o mayor de diez años.
Por otro lado, la normativa establece que la privación de la libertad “procederá como último recurso, de forma fundada, revisable y por el plazo más breve posible”. Al mismo tiempo, el juez que intervenga en el caso podrá imponer al menor “sanciones socioeducativas” por un plazo máximo de tres años. Entre ellas menciona la asistencia a programas de formación ciudadana, capacitación laboral, cultural y deportiva, y tratamiento médico o psicológico.
A su vez, con el objetivo de evitar que haya menores detenidos sin condenas firmes, la normativa prevé que la prisión preventiva no exceda el año. En todos los casos, sin embargo, la víctima del hecho “tendrá derecho a expresar su opinión en cada instancia de revisión”. Los menores cumplirán la prisión preventiva en un “centro especializado”, donde se desarrollen “actividades formativas, educativas, laborales y de ocio”.
La iniciativa del gobierno nacional fue criticada por organizaciones de derechos humanos y referentes políticos. Para algunos, se trata de una suerte de cortina de humo que el oficialismo pretende utilizar en el marco del año electoral. Para otros, el proyecto es demagógico, punitivo y “marketinero”.