A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el Gobierno modificó hoy la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital para favorecer a operadores «públicos o privados», en un sector en el cual la empresa estatal AR-SAT tenía «carácter preferencial».
Se trata de la Ley 27.078, que había sido sancionada en noviembre de 2015 y declaró de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones y sus recursos asociados.
A través del artículo 11 de esa Ley, se reservó con carácter preferencial a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (AR-SAT) una serie de frecuencias.
Ahora, el Gobierno dispuso modificar ese artículo y estableció que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) asignará en forma directa a AR-SAT «las frecuencias que requiera para el cumplimiento de sus fines».
Para el Poder Ejecutivo, esta decisión podrá «generar condiciones de competencia y promover el desarrollo regional, al asignar las frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de Servicios de Comunicaciones Móviles», por lo cual el ENACOM «otorgará participación a prestadores de carácter regional o local, públicos o privados».
Esa participación, según lo dispuesto, no podrá ser menor al 20% de las frecuencias a asignarse.
El Gobierno justificó el DNU al señalar que «resulta necesario y urgente establecer medidas concretas a efectos de posibilitar que el Estado Nacional ponga a disposición de prestadores de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones las bandas de frecuencias consignadas en la Ley 27.208, reservadas con carácter preferencial a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales AR-SAT, de manera de promover su utilización para la prestación de los Servicios de Comunicaciones Móviles».
«La urgencia que impide aguardar al trámite ordinario de sanción de las leyes», indicó el DNU y añadió que «la experiencia indica que los procesos de adjudicación de este tipo de licencias o autorizaciones conllevan plazos que se prolongan en el tiempo».
Para el Gobierno, «esperar el trámite legislativo habitual irrogaría un importante retraso que obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida», por lo cual consideró indispensable recurrir a un DNU.